Las solicitudes de extradición en Honduras continúan activas, pero el perfil de los casos ha cambiado en los últimos años. Mientras que después de la reforma constitucional de 2012 el mecanismo se convirtió en una de las principales herramientas contra el narcotráfico y el crimen organizado, en 2026 las solicitudes conocidas están relacionadas también con delitos como abuso sexual, homicidio, fraude y extorsión agravada.
Durante este año se han registrado cinco capturas con fines de extradición y dos entregas efectivas, ambas relacionadas con delitos sexuales. Además, permanecen pendientes tres procesos: el del ruso Nikita Andreevich Kuleshin, solicitado por fraude; el hondureño Mario Roberto Flores Mejía, requerido por Estados Unidos por asesinato, secuestro y agresión; y Humberto Eliseo Sánchez Baca, solicitado por El Salvador por presunta conspiración para homicidio y extorsión agravada. A esto se suma la reciente captura del colombiano Fermín Alberto García Isaza, reclamado por Colombia por narcotráfico.
Del narcotráfico a otros delitos
El cambio más evidente está en el tipo de delitos que originan las solicitudes. En los primeros años del mecanismo, los casos estuvieron principalmente vinculados con grandes estructuras del narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado. Entre los extraditados estuvieron integrantes de los carteles Valle Valle, Los Cachiros y Montes Bobadilla, además de funcionarios y políticos hondureños señalados por vínculos con organizaciones criminales.
Sin embargo, durante 2026 no se ha registrado la captura de un hondureño requerido específicamente por narcotráfico. Las dos extradiciones ejecutadas este año estuvieron relacionadas con delitos sexuales, mientras que entre las solicitudes pendientes aparecen acusaciones por fraude, asesinato, secuestro, homicidio y extorsión.
¿Por qué disminuyeron las extradiciones?
La actividad del mecanismo también refleja una reducción respecto a los años de mayor intensidad. Entre mayo de 2014 y septiembre de 2025 se contabilizaron 66 extradiciones, con 2024 como el año de mayor número de entregas, con 17 personas enviadas a enfrentar procesos judiciales en otros países.
La extradición comenzó a aplicarse en Honduras después de la reforma constitucional al artículo 102 aprobada en 2012. La modificación permitió la entrega de ciudadanos hondureños reclamados por delitos como narcotráfico, terrorismo y crimen organizado, con las excepciones establecidas para delitos políticos y comunes conexos.
El primer hondureño extraditado fue Carlos Arnaldo “El Negro” Lobo, entregado a Estados Unidos el 8 de mayo de 2014. A partir de entonces, el mecanismo adquirió un papel relevante en la persecución de estructuras criminales que operaban en Honduras y mantenían vínculos con organizaciones internacionales.
El episodio que puso en duda la continuidad del mecanismo
En agosto de 2024, la entonces presidenta Xiomara Castro anunció la denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos, en medio de fuertes tensiones entre su gobierno y autoridades estadounidenses.
La decisión generó incertidumbre sobre el futuro de las extradiciones. Sin embargo, en febrero de 2025 el Gobierno hondureño informó que había alcanzado un acuerdo con la nueva administración estadounidense para mantener vigente el mecanismo, aunque con nuevas condiciones y salvaguardas.
De esta manera, las extradiciones continuaron, aunque con una actividad menor que durante los años anteriores.
La Corte Suprema mantiene activo el proceso
La Corte Suprema de Justicia continúa conociendo las solicitudes presentadas por gobiernos extranjeros. Durante 2026, el pleno de magistrados ha analizado diferentes expedientes, incluyendo solicitudes provenientes de Estados Unidos, Argentina y Colombia.
El proceso hondureño se rige principalmente por las disposiciones constitucionales y por un auto acordado de la Corte Suprema, debido a que el país no cuenta con una ley específica de extradición que regule de manera integral todo el procedimiento.
En mayo de este año, el pleno de magistrados ratificó resoluciones relacionadas con varios requerimientos de extradición, mientras que posteriormente se conoció una solicitud presentada por Colombia por un caso de narcotráfico.
¿Qué significa el cambio de perfil?
El descenso de las solicitudes relacionadas con grandes capos del narcotráfico no significa que la extradición haya dejado de ser utilizada. Por el contrario, los casos de 2026 muestran que el mecanismo continúa siendo empleado para perseguir delitos cometidos por ciudadanos hondureños o extranjeros que son reclamados por otros países.
La diferencia está en que ahora aparecen con mayor frecuencia delitos que no necesariamente están relacionados con grandes organizaciones del narcotráfico. Abuso sexual, fraude, homicidio, secuestro y extorsión forman parte de los expedientes recientes.
El caso del colombiano Fermín Alberto García Isaza demuestra, además, que Honduras continúa siendo utilizado como punto de interés para operaciones internacionales contra el narcotráfico. Su captura en Puerto Lempira elevó a cinco las detenciones con fines de extradición registradas durante 2026.
Una herramienta que sigue teniendo respaldo ciudadano
A pesar de la reducción en el número de extradiciones, el mecanismo mantiene un importante respaldo entre los hondureños. Según el sondeo citado por Proceso Digital, más del 70 % de los consultados considera que deben continuar las extradiciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
La percepción ciudadana está vinculada también con la confianza en las instituciones nacionales. Una parte importante de los encuestados considera que el narcotráfico mantiene presencia dentro de instituciones del Estado, lo que alimenta la percepción de que la justicia internacional puede desempeñar un papel importante frente a delitos de alto impacto.
Así, las nuevas solicitudes muestran una transformación del mecanismo: Honduras pasó de una etapa marcada por extradiciones de grandes estructuras del narcotráfico a un escenario en el que los requerimientos abarcan una gama más amplia de delitos y nacionalidades.
Aunque el número de casos ha disminuido, la extradición continúa vigente y representa una herramienta utilizada por Honduras y otros países para llevar ante la justicia a personas reclamadas por delitos graves. El desafío ahora será determinar si la reducción responde a una menor actividad de las estructuras criminales, a cambios en las investigaciones internacionales o a una disminución en la identificación y captura de personas de alto perfil.
