Un tribunal federal estadounidense anuló la suspensión de visados de inmigrante para ciudadanos de 75 países impuesta por la administración del presidente Donald Trump, al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus facultades legales al aplicar la medida.
La decisión fue emitida por la jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, quien calificó la prohibición como “manifiestamente ilegal” y cuestionó el argumento del Gobierno de que los solicitantes de los países incluidos representaban un alto riesgo de convertirse en una carga económica para Estados Unidos.
En su fallo, la magistrada señaló que la política ordenaba negar visados incluso a personas que cumplían con los requisitos establecidos y que probablemente podían mantenerse económicamente por sí mismas.
La jueza también determinó que las solicitudes de visa deben ser evaluadas de manera individual, por lo que no pueden ser rechazadas únicamente con base en la nacionalidad del solicitante.
Países latinoamericanos afectados
La medida implementada por el Gobierno de Trump incluía a varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
La suspensión también afectaba a ciudadanos de países como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.
El fallo judicial deja sin efecto las denegaciones de visas que se hayan basado exclusivamente en esta política, por lo que miles de solicitudes podrían ser revisadas nuevamente por las autoridades migratorias estadounidenses.
Gobierno mantiene postura
Consultado por EFE, un portavoz del Departamento de Estado señaló que la institución no suele pronunciarse sobre litigios legales pendientes. No obstante, defendió la política migratoria de la administración Trump y afirmó que el Gobierno mantiene estrictos mecanismos de evaluación y verificación para quienes solicitan visas.
La decisión judicial fue celebrada por organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que consideran que la medida afectó a familias separadas por las restricciones migratorias.
El caso podría continuar en otras instancias judiciales, por lo que todavía no está definido el alcance final de la resolución sobre la política migratoria aplicada por la administración Trump.
