El Gobierno de Nasry Asfura aprobó una medida que permitirá avanzar con la construcción del libramiento sur de Tegucigalpa, una obra que busca convertirse en una nueva alternativa vial para descongestionar la salida hacia la zona sur de la capital.
La decisión fue adoptada mediante el PCM 015-2026, aprobado en Consejo de Ministros, que declara de utilidad pública los terrenos o fracciones de propiedades privadas que sean necesarios para completar el proyecto.
El anuncio fue realizado en Casa Presidencial por el secretario de la Presidencia, Luis Castro, acompañado por funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y el asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa.
¿Por qué se expropiarán los terrenos?
El principal obstáculo para continuar con el proyecto ha sido la falta de liberación de todos los derechos de vía necesarios para construir la carretera.
De acuerdo con las autoridades, mientras no se obtengan esos terrenos no es posible continuar con las diferentes etapas de la obra.
La subsecretaria de la SIT, Liana Martínez, explicó que el proyecto estaba previsto para ejecutarse en un período aproximado de 24 meses, pero los retrasos en la liberación de los derechos de vía han impedido avanzar conforme al calendario establecido.
“Si nosotros tuviéramos liberado el derecho de vía ya tuviéramos la pavimentación”, señaló la funcionaria.
Según Martínez, actualmente existe un retraso aproximado de siete meses en la ejecución del proyecto debido a esta situación.
Una carretera de aproximadamente ocho kilómetros
El libramiento tendrá una extensión aproximada de ocho kilómetros y conectará el anillo periférico, a la altura de La Cañada, con el kilómetro 7.5 de El Tizatillo, sobre la carretera CA-5 Sur.
La nueva vía pretende ofrecer una ruta alterna para los conductores que diariamente se desplazan entre Tegucigalpa y los sectores ubicados al sur del país.
La obra también busca reducir la presión vehicular que actualmente se concentra en las principales vías de acceso y salida de la capital.
El proyecto cuenta con una inversión estimada de 57.7 millones de dólares, recursos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Propietarios recibirán una indemnización
Aunque el Gobierno recurrirá a la figura de la expropiación, las autoridades aseguraron que los propietarios de los terrenos afectados recibirán un pago correspondiente al valor establecido mediante un justiprecio.
El nuevo ministro de Comunicaciones y Estrategia, Héctor Ordóñez, explicó que la medida permitirá avanzar con el proyecto y que a los propietarios que no acepten voluntariamente el proceso se les pagará la indemnización que corresponda.
La figura implica que el Estado podrá adquirir los bienes considerados necesarios para desarrollar la infraestructura declarada de utilidad pública, pero deberá compensar económicamente a los propietarios afectados.
¿Qué pasa si un propietario no está de acuerdo?
El asesor legal de la Presidencia, Roberto Zacapa, explicó que el Gobierno fundamenta la medida en los artículos 103 y 106 de la Constitución de la República, además del artículo 17 de la Ley Especial para la Simplificación de los Procedimientos de Inversión en Infraestructura Pública.
Según el funcionario, la legislación permite afectar la propiedad privada cuando existe una causa de utilidad pública y se cumple con el procedimiento correspondiente.
Los propietarios podrán cuestionar el monto del justiprecio, es decir, la cantidad establecida como compensación, pero la administración sostiene que la declaratoria de expropiación continuará vigente.
“Los afectados pueden impugnar el justiprecio, pero no la expropiación del predio”, explicó Zacapa.
El dinero quedará a disposición de los afectados
Una vez emitida la declaratoria de expropiación, las autoridades deberán notificar a los propietarios de los terrenos involucrados y establecer el monto que corresponde pagar por cada propiedad o fracción afectada.
En caso de que el propietario acepte el monto, se procederá con el pago de la indemnización.
Si existe desacuerdo y la persona no acepta voluntariamente la cantidad establecida, la SIT podrá consignar el dinero ante el juzgado civil correspondiente o depositarlo en una institución bancaria, donde permanecerá reservado para el propietario.
De esta manera, el Gobierno pretende liberar los derechos de vía sin que la falta de acuerdo sobre el monto de la compensación detenga la ejecución de la obra.
Gobierno busca acelerar la construcción
Las autoridades consideran que la liberación de los terrenos permitirá retomar el ritmo de construcción y avanzar hacia la conclusión del libramiento.
La obra es considerada estratégica debido al crecimiento del parque vehicular y a los problemas de congestionamiento que enfrenta Tegucigalpa, particularmente en los corredores que conectan la capital con la zona sur.
Con la nueva carretera se espera crear una ruta alternativa para los conductores y mejorar la conexión entre diferentes sectores del Distrito Central y la carretera CA-5 Sur.
El Gobierno sostiene que la aplicación del mecanismo de expropiación permitirá superar uno de los principales obstáculos que ha enfrentado el proyecto y evitar que la adquisición de los derechos de vía continúe retrasando la construcción.
Ahora, el siguiente paso será completar las notificaciones, establecer y pagar los justiprecios correspondientes y continuar con los trabajos de infraestructura para que el libramiento pueda avanzar hacia su conclusión.
