Los ciudadanos que provoquen escándalos públicos en el Distrito Central, especialmente durante horas de la noche y madrugada, pueden enfrentar multas que van desde L300 hasta L5,000, dependiendo de la gravedad de la conducta y de si existe reincidencia. Las disposiciones están contempladas en el Plan de Arbitrios del Distrito Central y buscan proteger la tranquilidad de los vecinos ante situaciones que generen ruido excesivo o alteraciones del orden.
Entre las conductas que pueden generar sanciones se encuentran las reuniones ruidosas, música a alto volumen, gritos, voces y otros sonidos que perturben la tranquilidad de los residentes, particularmente después de la medianoche. Cuando estos hechos ocurren en zonas residenciales, los afectados pueden solicitar la intervención de las autoridades para verificar la situación y determinar si corresponde aplicar alguna sanción.
De acuerdo con los artículos 55 y 57 del Plan de Arbitrios, el escándalo público es considerado inicialmente una falta leve, por lo que la multa puede oscilar entre 300 y 500 lempiras. Sin embargo, la sanción puede incrementarse considerablemente cuando la persona reincide o cuando las autoridades determinan que la conducta fue realizada de manera intencional.
En los casos considerados más graves, la multa puede alcanzar hasta 5,000 lempiras. Además, cuando el comportamiento persiste y existe una alteración considerable de la tranquilidad pública, la normativa contempla incluso la posibilidad de una reclusión de hasta 24 horas, dependiendo de las circunstancias y del procedimiento correspondiente.
La Ley de Convivencia Social también establece restricciones para las actividades ruidosas durante la madrugada. El artículo 153 contempla como infracción organizar o realizar, después de la medianoche, reuniones que molesten a los vecinos o perturben la tranquilidad mediante música, gritos, voces u otros aparatos emisores de sonido.
Las disposiciones no se limitan únicamente al ruido. La normativa también contempla situaciones como los disparos al aire, debido a que, además de representar una alteración del orden público, pueden poner en peligro la vida y la integridad física de otras personas. En estos casos, la intervención de las autoridades puede involucrar otras responsabilidades legales, dependiendo de las circunstancias.
El Plan de Arbitrios también establece límites de ruido para las zonas residenciales. Según la normativa citada, el límite es de 65 decibeles dentro de las viviendas y de 50 decibeles fuera de las instalaciones, tomando como referencia un radio de un kilómetro. Estos parámetros buscan establecer controles para evitar que determinadas actividades afecten la convivencia entre los habitantes.
¿Dónde denunciar un escándalo público?
Los habitantes del Distrito Central cuentan con diferentes mecanismos para solicitar atención cuando una actividad ruidosa o una conducta altera la tranquilidad de su comunidad. Una de las principales vías es el Sistema Nacional de Emergencias 911, donde el ciudadano debe proporcionar al operador la información relacionada con el incidente y la ubicación exacta del lugar.
Una vez recibida la denuncia, agentes de la Policía Nacional pueden desplazarse hasta el sitio para verificar lo ocurrido y tomar las medidas correspondientes conforme a la situación encontrada.
También está disponible la línea 100 de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para presentar denuncias relacionadas con situaciones que afecten la convivencia en la capital. Al utilizar este mecanismo, el ciudadano debe proporcionar información como su número telefónico, lugar de residencia, calle, número de casa —si dispone de él—, descripción del inmueble y puntos de referencia que permitan ubicar el sitio donde ocurre el problema.
Las autoridades recomiendan que los ciudadanos proporcionen información precisa al momento de realizar una denuncia, especialmente cuando se trata de hechos que ocurren durante la noche y que afectan de manera reiterada a los vecinos.
De esta manera, las disposiciones municipales y de convivencia social buscan establecer límites para actividades que puedan afectar el descanso y la tranquilidad de los habitantes de Tegucigalpa y Comayagüela, con sanciones que pueden aumentar dependiendo de la gravedad de la falta y la reincidencia.
