Las demandas contra el Estado hondureño representan un riesgo que va mucho más allá de las cantidades reclamadas por empresas, particulares o inversionistas. Mientras los procesos permanecen abiertos, también pueden acumularse honorarios legales, costos de arbitraje, contratación de expertos, intereses y otros gastos asociados a la defensa pública.
Ante este escenario, Honduras intenta cambiar la forma en que administra sus litigios. La Procuraduría General de la República (PGR) impulsa una estrategia de prevención y conciliación que busca determinar, caso por caso, cuándo resulta financieramente conveniente llegar a un acuerdo en lugar de mantener durante años una controversia judicial o arbitral.
La herramienta cobró especial relevancia con el Decreto Legislativo 17-2026, publicado en febrero, que abrió mecanismos extraordinarios y temporales para facilitar la conciliación en controversias donde participa el Estado. La normativa tiene una vigencia máxima de 24 meses.
Pero la pregunta central sigue sin tener una respuesta completa: ¿cuánto dinero está comprometiendo realmente Honduras en sus demandas y cuánto podría evitar pagar si logra resolverlas antes de llegar a una condena?
Más de L52,000 millones aparecen como riesgo
Una de las cifras más importantes se encuentra en los estados financieros de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Al cierre de 2025, un informe elaborado con información proporcionada por la PGR registró 3,402 demandas pendientes de ejecución por parte del Estado, con una cuantía acumulada de L52,254 millones.
Sin embargo, esta cantidad debe interpretarse con cuidado.
Los L52,254 millones no constituyen una factura que Honduras tenga que pagar. Se trata de una cuantía asociada a procesos que representan pasivos contingentes, es decir, posibles obligaciones que podrían materializarse dependiendo de cómo terminen las controversias.
El Estado puede ganar un proceso, lograr una reducción de la cantidad reclamada, conseguir que una demanda sea retirada o alcanzar una conciliación por un monto menor.
Por eso, el verdadero desafío para las autoridades no consiste únicamente en saber cuánto dinero se reclama, sino en calcular cuánto podría terminar pagando Honduras y cuánto cuesta mantener cada expediente abierto.
¿Por qué una demanda comienza a costar antes del fallo?
Un litigio puede generar gastos incluso cuando todavía no existe una sentencia o un laudo.
En los procesos de mayor complejidad pueden intervenir abogados especializados, peritos, consultores técnicos y especialistas financieros. En los arbitrajes internacionales también pueden existir tasas y gastos propios del procedimiento.
A esto se pueden sumar intereses y costas, dependiendo de la naturaleza del caso y de las decisiones que adopten los tribunales.
Eso significa que el paso del tiempo puede convertirse en un factor económico.
Una demanda que hoy parece manejable puede terminar representando una obligación considerablemente mayor después de varios años si se acumulan intereses, costos de defensa y otros conceptos.
Un ejemplo internacional: el caso Overseas Real Estate
Los documentos presupuestarios de 2026 permiten observar un ejemplo concreto de cómo una controversia internacional puede requerir recursos antes de que exista una decisión definitiva.
En febrero, la PGR solicitó a la Secretaría de Finanzas incorporar USD 200,000, equivalentes entonces a aproximadamente L5.4 millones, para contar con disponibilidad financiera relacionada con obligaciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en el caso Overseas Real Estate LLC c. República de Honduras.
Ese monto no representa el costo total del arbitraje ni significa que Honduras haya perdido el caso.
Lo que sí demuestra es que defender los intereses del Estado en una controversia internacional requiere recursos incluso antes de conocer el resultado final.
Y ese tipo de gastos es precisamente uno de los elementos que la estrategia de conciliación busca considerar al momento de decidir si continuar un litigio o explorar un acuerdo.
La cifra de 13,000 expedientes requiere una aclaración
Durante 2026, la PGR también ha informado que trabaja en la revisión de más de 13,000 acciones o expedientes relacionados con el Estado.
Esta cifra no debe sumarse automáticamente a los 3,402 procesos mencionados en los estados financieros de Sefin.
Se trata de universos diferentes, correspondientes a momentos y categorías distintas.
Los 3,402 corresponden a una clasificación específica incluida en el análisis de pasivos contingentes hasta diciembre de 2025, mientras que los más de 13,000 expedientes constituyen una referencia más amplia sobre las acciones jurídicas que involucran al Estado.
La diferencia es importante porque evita presentar ambas cifras como si se tratara del mismo inventario.
¿De dónde sale el posible ahorro de 50 %?
Uno de los datos que más ha llamado la atención es la estimación de la PGR de que una estrategia preventiva podría generar ahorros de hasta 50 % en determinados costos relacionados con las demandas.
Pero ese porcentaje debe interpretarse como una estimación de ahorro potencial, no como una garantía de que cada demanda podrá reducirse a la mitad.
La cifra dependerá de cada expediente.
El ahorro podría estar relacionado con honorarios, intereses, costos arbitrales, peritajes, costas o incluso con la diferencia entre una eventual condena y el monto negociado en una conciliación.
Hasta ahora, la información pública disponible no permite establecer que ese 50 % sea una metodología universal aplicable a todas las demandas.
Por ello, el verdadero desafío será demostrarlo con resultados concretos.
¿Qué cambia con el Decreto 17-2026?
El Decreto 17-2026 creó un mecanismo extraordinario para facilitar la conciliación de determinadas controversias en las que participa el Estado.
La normativa contempla la posibilidad de utilizar mecanismos de conciliación en procesos judiciales y arbitrajes, incluidos aquellos de carácter internacional, cuando continuar con la controversia pueda generar un perjuicio económico para el Estado.
La PGR ya cuenta con un Manual de Conciliación que establece los lineamientos técnicos y legales para aplicar este mecanismo.
Pero la existencia de esta herramienta no significa que el Gobierno pueda simplemente decidir cuánto pagar y cerrar cualquier demanda.
Los procedimientos establecen controles institucionales y presupuestarios para determinar si un acuerdo es conveniente.
Además, la PGR aclaró en mayo que acogerse a estos mecanismos es voluntario para las personas y empresas que mantienen demandas contra el Estado.
La pregunta clave: ¿cuándo conviene negociar?
No todas las demandas deberían resolverse mediante conciliación.
En algunos casos, la defensa del Estado puede tener altas probabilidades de éxito y continuar el proceso podría resultar económicamente más conveniente.
En otros, una evaluación puede mostrar que existe una posibilidad significativa de condena y que continuar litigando durante varios años terminaría aumentando el costo para las finanzas públicas.
La propia lógica del mecanismo exige realizar esa comparación.
En otras palabras, conciliar no significa simplemente pagar para evitar un juicio.
Significa determinar si el costo de llegar hasta el final del proceso puede superar el costo de alcanzar un acuerdo en ese momento.
La PGR debe justificar el beneficio
El Manual de Conciliación de la PGR establece procedimientos específicos para estos casos y contempla el análisis de la conveniencia jurídica y económica del acuerdo.
En las controversias internacionales, la evaluación debe considerar aspectos como la justificación jurídica del acuerdo y el ahorro que representaría conciliar frente a continuar con el proceso.
Esto introduce un elemento importante: la decisión deja de ser exclusivamente jurídica y pasa a tener también una dimensión financiera.
El Estado debe preguntarse cuánto puede costar perder, cuánto puede costar seguir defendiendo el caso y cuánto costaría resolverlo anticipadamente.
Honduras ya tiene antecedentes en ambos sentidos
La experiencia reciente demuestra que la estrategia no puede limitarse a conciliar todas las demandas.
La PGR ha informado anteriormente sobre casos en los que el Estado obtuvo resultados favorables en controversias internacionales, así como procesos en los que consiguió que una contraparte retirara su reclamación.
En marzo de 2025, por ejemplo, la institución informó que Palmerola International Airport retiró una demanda arbitral internacional y Honduras recibió más de USD 400,000 por costas.
También comunicó posteriormente un laudo favorable en otro arbitraje en el que se reclamaban más de L291 millones al Estado.
Estos casos muestran que una defensa jurídica efectiva también puede representar un ahorro importante para las finanzas públicas.
Por eso, el éxito de la nueva política no debería medirse únicamente por el número de demandas conciliadas.
¿Cómo debería medirse el ahorro?
Si una empresa reclama L500 millones y Honduras llega a un acuerdo por L100 millones, no necesariamente significa que el Estado “ahorró L400 millones”.
Para afirmar eso habría que demostrar que existía una probabilidad razonable de que el Estado terminara pagando los L500 millones.
Una evaluación más precisa debería considerar:
- Monto originalmente reclamado.
- Probabilidad estimada de perder el proceso.
- Posible monto de una condena.
- Intereses acumulados.
- Costos de abogados y expertos.
- Gastos de arbitraje.
- Costas procesales.
- Tiempo estimado para obtener una resolución.
- Monto finalmente acordado.
Con esos datos sería posible establecer cuánto le habría costado al Estado continuar litigando y cuánto evitó pagar mediante una conciliación.
El desafío es convertir los expedientes en información pública
Uno de los principales retos para medir la política será contar con información suficientemente detallada y comparable.
La PGR administra un volumen importante de procesos, y el propio Gobierno ha señalado que trabaja en la revisión de miles de acciones.
El siguiente paso debería ser construir una base que permita identificar, al menos en los casos de mayor impacto fiscal, qué se reclama, cuánto se ha gastado en defensa, cuál es el riesgo de pérdida, qué intereses están en juego y cómo terminó cada expediente.
Con esa información, el Congreso, los organismos de control y los ciudadanos podrían evaluar si la conciliación realmente está reduciendo el costo de los litigios.
¿Puede la conciliación convertirse en una herramienta de ahorro?
La respuesta dependerá de cómo se aplique.
El Decreto 17-2026 ofrece una vía para intentar resolver controversias antes de que se prolonguen durante años, pero la herramienta no garantiza por sí sola un ahorro.
El beneficio aparecerá únicamente cuando el Estado logre identificar aquellos casos en los que el costo esperado de continuar litigando sea mayor que el costo de alcanzar un acuerdo razonable.
También será necesario mantener controles para evitar que una política de conciliación termine convirtiéndose simplemente en una vía para trasladar recursos públicos a los demandantes sin una evaluación suficiente.
La propia PGR ha señalado que el mecanismo busca reducir tiempos, costos e incertidumbre, mientras que la adhesión de quienes demandan al Estado es voluntaria.
La factura real todavía no está completamente calculada
Por ahora, Honduras conoce algunas piezas del problema: L52,254 millones en cuantías asociadas a 3,402 demandas registradas al cierre de 2025, más de 13,000 acciones o expedientes bajo revisión por la PGR y casos internacionales que requieren recursos para su defensa.
Pero esas cifras no equivalen a una factura que el Estado tenga que pagar.
La verdadera cuenta dependerá de cuántos procesos se pierdan, cuántos se ganen, cuáles sean retirados, cuáles terminen en acuerdos y cuánto cueste mantener cada uno hasta su resolución.
Ahí estará la prueba de la nueva estrategia.
Si la conciliación permite cerrar controversias por debajo de su costo esperado y evita que los intereses, honorarios y costas sigan aumentando, Honduras podría convertir una parte de su enorme carga litigiosa en una oportunidad de ahorro.
Pero si se quiere demostrar que realmente se está protegiendo el dinero público, el indicador definitivo no será cuántas demandas se cerraron.
Será mucho más sencillo:
cuánto dinero podía perder Honduras, cuánto gastó para defenderse, cuánto pagó finalmente y cuánto logró evitar que saliera del presupuesto nacional.
