Una investigación especial del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) identificó graves irregularidades en 13 expedientes utilizados para ejecutar embargos contra fondos de la Cuenta Única del Estado, bajo supuestas demandas laborales relacionadas con la Alcaldía Municipal de Choluteca. Según el informe especial 002-2026-DGSD-CSJ-C, las operaciones representaron movimientos por L32 millones 545 mil 791.88, considerados por el ente contralor como un perjuicio económico para el Estado.
El TSC revisó 40 expedientes correspondientes a embargos ejecutados entre enero de 2024 y diciembre de 2025, de los cuales 13 presentaron indicios que ameritaron su incorporación en un informe de carácter penal. Entre los hallazgos figuran seis expedientes cuyos números pertenecían realmente a procesos contra empresas privadas, otros seis que no existían en los registros oficiales y un expediente legítimo contra la Municipalidad de Choluteca que habría sido alterado.
De acuerdo con la investigación, los documentos cuestionados fueron utilizados para tramitar exhortos judiciales que posteriormente permitieron embargar fondos públicos. El dinero salió de la Cuenta Única del Estado y fue trasladado a una cuenta judicial, desde donde se autorizaron pagos mediante cheques de caja. Además, autoridades judiciales de Choluteca desconocieron la emisión de los exhortos, así como firmas y sellos atribuidos a esa dependencia.
El informe señala que los 13 casos se distribuyeron en tres modalidades: L13,008,511.88 relacionados con expedientes cuyos números correspondían a procesos privados, L16,713,674.00 correspondientes a expedientes inexistentes y L2,823,606.00 derivados de un expediente real que habría sido modificado. La suma de estas operaciones asciende a los L32,545,791.88.
El TSC remitió la documentación al Ministerio Público al considerar que los hallazgos podrían constituir indicios de responsabilidad penal. La investigación fiscal deberá determinar cómo fueron elaborados y tramitados los documentos cuestionados, quiénes participaron en el proceso y quiénes resultaron beneficiados con los fondos públicos.
Lea el informe completo: 002-2026-DGSD-CSJ-C
