Seguridad heredó más de L3 mil millones en deudas y tuvo que sanearlas con presupuesto de 2026

La Secretaría de Seguridad inició la actual administración con una deuda superior a los 3 mil millones de lempiras, correspondiente a compromisos financieros acumulados durante el ejercicio fiscal 2025, reveló el ministro de Seguridad, Gerson Onán Velásquez.

El funcionario explicó que la situación financiera de la institución obligó a las actuales autoridades a destinar parte del presupuesto asignado para 2026 al pago de obligaciones pendientes, reduciendo temporalmente los recursos disponibles para atender otras necesidades operativas de la Policía Nacional.

Según Velásquez, entre las deudas heredadas se encontraban compromisos relacionados con salarios de agentes policiales, cuotas patronales, alquiler de vehículos, combustible, servicios públicos y otros gastos indispensables para el funcionamiento de la Secretaría de Seguridad.

“Lamentablemente recibimos una institución un poco desordenada, con grandes deudas de gastos operativos del año 2025 que tuvimos que honrar con el presupuesto 2026”, manifestó el ministro.

Más de 1,600 policías quedaron sin salario

Uno de los problemas más sensibles encontrados por la nueva administración estuvo relacionado con la incorporación de nuevas promociones de agentes policiales durante 2025.

Velásquez explicó que durante ese período se incorporaron promociones de policías sin que existiera el suficiente respaldo presupuestario para cubrir completamente sus obligaciones salariales.

Como consecuencia, alrededor de 1,600 agentes pertenecientes a las promociones 116 y 117 permanecieron sin recibir salario durante los últimos meses de 2025.

La situación generó obligaciones que posteriormente tuvieron que ser asumidas por la actual administración.

El ministro señaló que el proceso de saneamiento financiero permitió avanzar en la cancelación de estas obligaciones y aseguró que más de la mitad de la deuda heredada ya fue pagada.

Presupuesto de 2026 tuvo que cubrir compromisos anteriores

La magnitud de las obligaciones encontradas significó que una parte de los recursos destinados originalmente para el funcionamiento de Seguridad durante 2026 tuviera que utilizarse para cubrir gastos correspondientes al año anterior.

Esta situación limitó inicialmente la capacidad de la Secretaría para invertir en equipamiento, logística, mantenimiento y otras necesidades de la institución.

Velásquez aseguró, sin embargo, que actualmente la cartera se encuentra en una situación financiera más estable y que el proceso de saneamiento ha permitido ordenar las cuentas institucionales.

El funcionario sostuvo que la prioridad fue atender las obligaciones pendientes sin descuidar las operaciones policiales y los servicios de seguridad que se brindan a la población.

Recuperan sistema para investigación balística

Además de abordar la situación financiera de la institución, Velásquez destacó los avances en materia de investigación criminal.

El ministro informó sobre la recuperación del Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS), una herramienta tecnológica que permite analizar evidencia relacionada con armas de fuego y comparar elementos balísticos encontrados en diferentes escenas del crimen.

La recuperación de este sistema busca fortalecer la capacidad de los investigadores para establecer posibles vínculos entre armas, proyectiles y distintos hechos delictivos.

El fortalecimiento de las capacidades forenses forma parte de las acciones que la Secretaría pretende impulsar para mejorar la investigación criminal y generar evidencia que pueda ser utilizada en los procesos judiciales.

Estrategia contra extorsión y crimen organizado

Velásquez también señaló que la Secretaría de Seguridad mantiene acciones enfocadas en combatir delitos como la extorsión, además de reforzar las labores de inteligencia y la presencia policial en zonas consideradas de mayor riesgo.

La estrategia contempla una combinación de investigación criminal, inteligencia y operaciones policiales para enfrentar a estructuras dedicadas a actividades delictivas.

El funcionario destacó que el fortalecimiento de las herramientas de investigación es fundamental para que las operaciones policiales no se limiten a capturas, sino que permitan identificar estructuras, obtener evidencia y llevar los casos ante los tribunales.

Ministro niega uso de uniformes policiales usados

Otro de los temas abordados por el titular de Seguridad fue la polémica relacionada con la supuesta entrega de uniformes policiales usados a miembros de la institución.

Velásquez rechazó esas versiones y aseguró que los uniformes entregados durante 2026 son nuevos y fueron adquiridos mediante procesos de licitación pública.

El ministro sostuvo que la administración no ha distribuido indumentaria usada a los agentes policiales.

De acuerdo con el funcionario, la Secretaría también tomó la decisión de cerrar la industria encargada de la confección interna de los uniformes de la Policía Nacional, debido a que los análisis realizados determinaron que resultaba más costoso producirlos dentro de la institución que adquirirlos mediante proveedores privados.

Seguridad busca ordenar sus finanzas y fortalecer operaciones

La administración actual enfrenta así el reto de mantener las operaciones policiales mientras continúa con el proceso de reorganización financiera de la Secretaría.

La deuda superior a 3,000 millones de lempiras representó uno de los principales problemas encontrados al asumir la institución, especialmente porque varias de las obligaciones debieron ser cubiertas con recursos correspondientes al presupuesto de 2026.

Según Velásquez, el pago de más de la mitad de esos compromisos ha permitido avanzar hacia una mayor estabilidad financiera.

Al mismo tiempo, la Secretaría busca dirigir recursos hacia áreas consideradas prioritarias, entre ellas la investigación criminal, la inteligencia, la lucha contra la extorsión, el equipamiento policial y la presencia de agentes en los territorios con mayores índices de criminalidad.

El ministro aseguró que el objetivo es que la institución pueda mantener sus operaciones sin volver a acumular obligaciones que comprometan los presupuestos de años posteriores.

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