Mientras miles de hondureños enfrentan dificultades para conseguir un empleo formal, sostener a sus familias y cubrir el costo de la canasta básica, el Congreso Nacional mantiene un esquema de remuneraciones y gastos que permite que un diputado propietario pueda representar para el Estado un costo mensual cercano o superior a los 140 mil lempiras, al sumar su salario y los recursos destinados a movilización.
La cifra adquiere especial relevancia en medio del debate sobre el uso de los recursos públicos y la productividad del Poder Legislativo. Los registros oficiales consultados muestran que un diputado propietario recibe alrededor de 90,892 lempiras mensuales de salario, mientras que los gastos de movilización, distribuidos por departamento y no individualizados por legislador, elevan considerablemente el monto.
Un análisis de los registros del Congreso correspondientes a julio de 2026 encontró que se ejecutaron aproximadamente 10.6 millones de lempiras en movilización para 97 diputados propietarios y 122 suplentes incluidos en esa categoría. Al distribuir ese monto entre los 219 legisladores registrados, el promedio ronda los 48 mil lempiras mensuales por diputado.
Con ese cálculo, un diputado propietario puede representar aproximadamente 139 mil lempiras mensuales entre salario y movilización.
La cifra, sin embargo, no constituye necesariamente el costo total de un legislador para el Estado. Existen otros gastos del Congreso que se registran de manera colectiva y que no permiten determinar cuánto corresponde específicamente a cada diputado.
Un salario que contrasta con la realidad de los trabajadores
El debate no se limita a establecer cuánto gana un diputado, sino a determinar si esa remuneración guarda proporción con las condiciones económicas de la mayoría de los hondureños y, sobre todo, con los resultados que entrega el Congreso Nacional.
La discusión tomó fuerza luego de las declaraciones del diputado liberal Mario Segura, quien afirmó que considera insuficiente el salario que recibe.
Segura señaló que su remuneración asciende a unos 110 mil lempiras mensuales, cifra que corresponde a su condición de vicepresidente tercero de la Junta Directiva y que es superior al salario de un diputado propietario sin cargo directivo.
El legislador argumentó que debe afrontar gastos de vivienda, alimentación, vestimenta y atención a ciudadanos de su departamento.
El planteamiento generó cuestionamientos debido a la enorme distancia existente entre los ingresos de un congresista y los de la mayoría de los trabajadores hondureños.
De acuerdo con los datos citados por la investigación de EL HERALDO Plus, más del 60 % de los hogares hondureños se encontraba en condición de pobreza y el 38 % en pobreza extrema, según la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025 del Instituto Nacional de Estadística.
En ese contexto, afirmar que un ingreso mensual de seis cifras resulta insuficiente abre una discusión que va más allá de la situación personal de un diputado: plantea la necesidad de revisar si las remuneraciones de los altos funcionarios están vinculadas con criterios objetivos de responsabilidad, desempeño y rendición de cuentas.
El salario base ronda los L91 mil
Los registros de remuneraciones del Congreso Nacional muestran que un diputado propietario sin cargo adicional recibe aproximadamente L90,892 mensuales.
La cifra ha sido documentada también por el Consejo Nacional Anticorrupción, que registra para el período legislativo 2022-2026 un salario promedio de L90,892.40 para diputados propietarios.
Los cargos dentro de la estructura directiva implican remuneraciones superiores.
La Presidencia del Congreso, por ejemplo, aparece con un salario de aproximadamente L151,911, mientras que vicepresidentes, secretarios, prosecretarios y jefes de bancada también reciben remuneraciones superiores a las de un diputado común.
Por tanto, los aproximadamente L139 mil calculados para un diputado propietario promedio no representan el techo del gasto.
En el caso de quienes ocupan posiciones de dirección, el monto puede ser considerablemente mayor.
La movilización aumenta la factura
Uno de los aspectos más cuestionados es el mecanismo utilizado para registrar los gastos de movilización.
El Congreso reporta estos recursos agrupados por departamento y no como un gasto individualizado para cada diputado.
Esto significa que los ciudadanos pueden conocer cuánto dinero se asignó globalmente a movilización, pero no necesariamente cuánto recibió cada legislador.
En julio de 2026, los registros reflejaron 10.6 millones de lempiras destinados a movilización de 219 diputados incluidos en una categoría específica.
El promedio resultante es cercano a L48 mil por legislador.
Si ese promedio se suma al salario base de L90,892 de un diputado propietario, el resultado se aproxima a L139 mil mensuales.
Es importante señalar que se trata de un cálculo promedio y no de una afirmación de que todos los diputados recibieron exactamente esa cantidad.
El propio esquema de registro impide conocer con precisión cuánto recibió individualmente cada legislador.
Y hay gastos que no están incluidos
El monto de L139 mil tampoco representa necesariamente el costo final de un diputado.
Existen gastos del Congreso que aparecen registrados de forma colectiva y cuyos beneficiarios no están individualizados.
Uno de ellos corresponde a la partida de alimentos y bebidas para personas.
En mayo de 2026, el Legislativo ejecutó más de L1.5 millones bajo ese concepto durante sesiones y reuniones de comisiones.
Sin embargo, el registro identifica a los beneficiarios como “varios”, por lo que no permite establecer qué proporción correspondió a diputados, empleados administrativos u otras personas.
Estos gastos no fueron incorporados al cálculo del costo individual de un congresista.
Esta situación evidencia uno de los principales problemas para medir cuánto cuesta realmente cada diputado: existen gastos que sí son públicos, pero cuya estructura de registro dificulta determinar quién recibió el beneficio y por cuánto.
Los cargos directivos aumentan todavía más el costo
El caso de los miembros de la Junta Directiva demuestra que el gasto puede ser considerablemente mayor.
Mario Segura, por ejemplo, recibe una remuneración superior a la de un diputado propietario común debido a su cargo de vicepresidente tercero.
Además, los gastos de movilización de los integrantes de la Junta Directiva aparecen registrados en una categoría separada.
En julio de 2026, el Congreso destinó más de L1.7 millones de lempiras para movilización de 27 integrantes de la Junta Directiva registrados en ese gasto.
El promedio supera los L65 mil por persona.
Si se toma únicamente ese promedio como referencia y se suma a un salario de aproximadamente L110 mil, el costo mensual asociado a un miembro de la Junta Directiva puede acercarse a L175 mil.
Nuevamente, se trata de un promedio y no de una cifra individual atribuible a cada integrante.
La pregunta incómoda: ¿qué recibe Honduras a cambio?
El debate sobre los salarios parlamentarios inevitablemente conduce a otra pregunta: ¿qué recibe el país a cambio de ese gasto?
Un diputado no fue electo para administrar ayudas personales ni convertirse en gestor de necesidades particulares.
Su función constitucional es legislar, representar a la población y fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Por eso, la discusión sobre sus ingresos debería estar acompañada de indicadores objetivos de desempeño: asistencia a sesiones, participación en comisiones, iniciativas legislativas, leyes aprobadas, fiscalización y cumplimiento de sus responsabilidades.
El abogado Oliver Erazo planteó precisamente esa perspectiva al señalar que el diputado debe ser evaluado por sus resultados y no por su capacidad de actuar como benefactor o intermediario de recursos estatales.
La pregunta, entonces, no debería reducirse a si un diputado “gana mucho” o “gana poco”, sino a si existe una relación razonable entre lo que recibe y las responsabilidades que cumple.
Antecedentes de gastos y productividad
Los cuestionamientos al costo del Congreso no comenzaron en 2026.
Un monitoreo legislativo elaborado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y Democracia en Acción documentó que entre julio y septiembre de 2023 el Congreso destinó más de L56 millones a salarios y L57 millones a viáticos, mientras registraba 47 horas de sesiones durante ese período.
De 77 proyectos presentados entonces, únicamente 20 fueron aprobados, según aquel informe.
Los datos pertenecen a un período legislativo anterior, pero permiten observar que el debate sobre remuneraciones, viáticos y productividad no es nuevo.
También durante 2026 han surgido voces dentro del propio Congreso que cuestionan el nivel de ingresos y beneficios de los altos funcionarios.
El vicepresidente del Congreso, Godofredo Fajardo, llegó a plantear una iniciativa para reducir salarios de altos funcionarios y afirmó que no es razonable mantener una clase política con altos ingresos mientras buena parte de la población enfrenta pobreza.
Transparencia: el punto pendiente
Uno de los principales desafíos no necesariamente consiste en reducir automáticamente los salarios, sino en garantizar que cada lempira destinado a los diputados pueda ser rastreado.
Si el Congreso entrega recursos para movilización, la ciudadanía debería poder conocer cuánto recibe cada legislador, bajo qué criterio, para qué actividad y con qué comprobantes.
La existencia de un gasto agrupado por departamento dificulta ese control.
Lo mismo ocurre con partidas como alimentos, reuniones y otros gastos colectivos.
La transparencia no consiste únicamente en publicar una cifra en un portal institucional. También implica que los datos estén organizados de tal manera que cualquier ciudadano pueda determinar quién recibió el dinero, cuánto recibió y por qué.
Un Congreso que debe rendir cuentas
El nuevo Congreso Nacional inició el período 2026-2030 con el discurso de mejorar la productividad, reducir privilegios y recuperar la confianza de los ciudadanos.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, ha planteado medidas relacionadas con la asistencia de los diputados y aseguró que se eliminarían mecanismos que en el pasado fueron objeto de cuestionamientos, como los fondos departamentales y el alquiler de vehículos para congresistas.
Pero esas promesas deberán medirse con resultados concretos.
No basta con reducir un beneficio mientras aumentan otros gastos, ni es suficiente publicar planillas si los mecanismos de movilización y otras partidas continúan sin individualizarse.
La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto cuesta realmente mantener a sus representantes.
Un contraste difícil de ignorar
El monto aproximado de L139 mil mensuales para un diputado propietario, considerando salario y promedio de movilización, contrasta de manera evidente con los ingresos de la mayoría de los trabajadores del país.
Y el problema adquiere una dimensión mayor cuando se consideran los cargos directivos, los gastos adicionales y las partidas que no pueden atribuirse individualmente.
No se trata únicamente de cuánto dinero recibe un diputado en su cuenta bancaria.
Se trata del costo que representa para el Estado ejercer el cargo y de si ese costo está justificado por resultados verificables.
En un país donde millones de personas enfrentan pobreza y dificultades para acceder a empleo digno, cada gasto público debería estar sometido a criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
Por eso, el debate sobre los salarios del Congreso no debería cerrarse con la afirmación de que un diputado tiene muchos gastos.
La discusión de fondo es otra: ¿cuánto le cuesta realmente cada diputado al pueblo hondureño y qué resultados concretos está obteniendo Honduras a cambio de ese dinero?
Mientras los registros oficiales continúen agrupando parte de los gastos, la cifra de L139 mil debe entenderse como una estimación basada en promedios y no como el costo total definitivo. Lo que sí queda claro es que el salario base de casi L91 mil, sumado a los recursos de movilización y otros beneficios, coloca a los congresistas muy por encima de los ingresos de la mayoría de los hondureños y mantiene abierto el debate sobre los privilegios y la productividad del Poder Legislativo.
