La propuesta de reforma a la Ley de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) continúa generando un amplio debate en distintos sectores políticos, técnicos y sociales del país, especialmente por sus implicaciones en el manejo de subsidios, la deuda acumulada, la gobernanza institucional y la estructura del mercado eléctrico.
Durante un foro televisivo, representantes del Congreso Nacional, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y especialistas de la sociedad civil expusieron posturas encontradas sobre el alcance de la reforma, aunque coincidieron en que la crisis financiera de la ENEE requiere una intervención urgente.
Crisis estructural de la ENEE sigue en el centro del debate
Los participantes del análisis reconocieron que la ENEE atraviesa una de sus etapas más críticas, marcada por pérdidas millonarias, altos niveles de endeudamiento y dificultades en la prestación del servicio eléctrico.
De acuerdo con estimaciones presentadas durante el debate, la empresa estatal continúa registrando pérdidas significativas que afectan directamente las finanzas públicas del país, lo que ha reavivado la discusión sobre la necesidad de una reforma estructural profunda.
Subsidios eléctricos: el punto más sensible de la reforma
Uno de los temas más discutidos fue el futuro del subsidio a la energía eléctrica, una medida que impacta directamente a cientos de miles de hogares hondureños.
La diputada del Partido Nacional, Tania Pinto, aseguró que la reforma no contempla la eliminación del subsidio, sino una reorientación del beneficio hacia los sectores más vulnerables de la población.
Según explicó, anteriormente el esquema incluía cerca de 900 mil usuarios subsidiados, entre ellos familias que no necesariamente se encontraban en condiciones de pobreza.
Con la nueva propuesta, el número de beneficiarios se reduciría a aproximadamente 350 mil hogares, priorizando a quienes realmente necesitan el apoyo estatal.
Además, señaló que el financiamiento del subsidio dejaría de recaer en la ENEE y sería asumido directamente por el Gobierno Central, con el objetivo de aliviar la carga financiera de la empresa estatal.
Temor por privatización: el Congreso descarta venta de activos
Otro de los puntos que ha generado preocupación en distintos sectores es la posibilidad de una eventual privatización de la ENEE.
Sin embargo, el presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), Héctor Corrales, aclaró que el proyecto de reforma incluye disposiciones legales que impiden la venta de activos estratégicos del Estado.
Entre estas medidas se establece que los bienes, acciones y activos de las empresas derivadas de la ENEE serán inalienables, intransferibles y no podrán ser utilizados como garantía financiera.
Asimismo, cualquier intento de transferencia de acciones deberá contar con la aprobación del Congreso Nacional, lo que introduce un nivel adicional de control legislativo.
Los activos estratégicos como represas, centrales hidroeléctricas, líneas de transmisión y otros bienes esenciales continuarán siendo patrimonio público y considerados de seguridad nacional.
Nuevo modelo de gobernanza para reducir la influencia política
Desde la CREE se defendió que la reforma busca principalmente modernizar la estructura administrativa de la ENEE y reducir la influencia política en la toma de decisiones.
Según el planteamiento, el nuevo modelo permitiría la creación de juntas directivas con mayor independencia técnica, lo que contribuiría a una gestión más eficiente y menos sujeta a cambios políticos.
El objetivo, según los impulsores del proyecto, es convertir a la ENEE en una empresa más competitiva dentro de un mercado eléctrico parcialmente abierto, donde también participen actores privados bajo regulación estatal.
Partido Liberal advierte vacíos en el proyecto de ley
El diputado liberal Carlos Umaña reconoció la necesidad de reformar la ENEE, pero advirtió que el proyecto aún presenta importantes vacíos legales y técnicos.
Entre sus principales observaciones señaló la transformación de la ENEE en sociedades anónimas, argumentando que el texto no define con claridad quién ejercerá el control efectivo de estas nuevas estructuras.
También cuestionó la falta de una revalorización oficial de los activos de la empresa, elemento que considera fundamental para establecer el patrimonio real del nuevo modelo energético.
Otro punto de preocupación es el manejo de la deuda acumulada, ya que aún no existe claridad sobre cómo será distribuida dentro de la nueva estructura empresarial.
Además, el diputado expresó reservas sobre la posibilidad de que grandes consumidores puedan negociar directamente con generadores privados, lo que, a su criterio, podría debilitar el rol de la ENEE en el mercado eléctrico.
ASJ: la ENEE pierde millones cada segundo
Durante el debate también participó el representante de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Edgar Aguilar, quien presentó cifras alarmantes sobre la situación financiera de la estatal.
Según sus estimaciones, la ENEE registra pérdidas aproximadas de 544 lempiras por segundo, lo que se traduce en miles de millones de lempiras anuales.
Aguilar indicó que las pérdidas del presente año rondan los 15 mil millones de lempiras, recursos que, de acuerdo con su análisis, podrían haberse destinado a la construcción de infraestructura social como hospitales o centros educativos.
El especialista insistió en que la crisis de la ENEE representa uno de los principales desafíos económicos del país y urgió a implementar reformas profundas que permitan estabilizar el sistema eléctrico.
Subsidios, deuda y mercado eléctrico: los grandes desafíos
Más allá de las diferencias políticas, los panelistas coincidieron en que el sistema eléctrico hondureño enfrenta problemas estructurales que deben ser atendidos con urgencia.
Entre los principales desafíos destacan:
- La sostenibilidad financiera de la ENEE
- La focalización de los subsidios eléctricos
- El manejo de la deuda acumulada
- La reducción de pérdidas técnicas y administrativas
- La modernización del sistema de distribución y transmisión
Un debate que continuará en el Congreso Nacional
El futuro de la reforma dependerá ahora de las discusiones en el Congreso Nacional, donde las distintas bancadas deberán evaluar los aportes y objeciones planteadas durante el proceso de socialización.
Mientras algunos sectores consideran que el proyecto representa una oportunidad para sanear las finanzas del sector energético, otros insisten en que aún requiere ajustes para garantizar transparencia, control estatal y protección a los usuarios.
Lo cierto es que la reforma a la ENEE se perfila como una de las decisiones más trascendentales para el futuro económico y energético de Honduras en los próximos años.
