El reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes por parte de estructuras criminales continúa representando una de las principales amenazas para la niñez hondureña, según revela un informe elaborado por el Observatorio de los Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes (ODNNAJ) de Casa Alianza Honduras, con el respaldo de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Entre junio de 2024 y junio de 2025 fueron identificados 66 casos de menores víctimas de reclutamiento forzado en diferentes regiones del país. De este total, el 80 % tuvo que abandonar su lugar de residencia para proteger su integridad, mientras que otros permanecían en riesgo inminente de desplazamiento.
El estudio, denominado “Dinámicas del Reclutamiento Forzado de Niñas, Niños y Adolescentes en Honduras”, advierte que este fenómeno se encuentra estrechamente vinculado a factores estructurales como la pobreza, la exclusión social, la violencia comunitaria, la desintegración familiar y la falta de oportunidades para la población joven.
Adolescentes, el principal objetivo
Los datos muestran que los adolescentes constituyen el grupo más vulnerable frente a las estrategias de captación utilizadas por organizaciones criminales.
La mayor incidencia se registra entre menores de 12 a 14 años, con 30 casos documentados, seguidos por 25 casos en jóvenes de 15 a 17 años. También se reportaron tres casos en menores de entre 6 y 11 años, mientras que en ocho expedientes no fue posible determinar la edad.
En cuanto a la distribución geográfica, Francisco Morazán concentra la mayor cantidad de casos reportados, seguido por Cortés. También se identificaron víctimas en El Paraíso, Atlántida, Olancho, Comayagua y Yoro.
El informe señala que el problema afecta tanto a niñas como a niños, evidenciando que las redes criminales amplían constantemente sus mecanismos de captación sin distinción de género.
Cómo operan las estructuras criminales
Las organizaciones delictivas recurren a diversas estrategias para atraer o someter a menores de edad. Entre los métodos más frecuentes destacan las promesas de dinero, la entrega de bienes materiales, el establecimiento de vínculos afectivos con las víctimas, las amenazas directas y la oferta de una supuesta protección frente a contextos de violencia.
Asimismo, se identificaron casos en los que la vinculación de familiares con grupos criminales facilita el ingreso de los menores a estas estructuras.
Una vez incorporados, los adolescentes suelen desempeñar funciones relacionadas con vigilancia, distribución de drogas, cobro de extorsiones e inteligencia para las organizaciones criminales.
Investigaciones citadas en el documento indican que una proporción significativa de menores involucrados en estas estructuras participa en actividades ilícitas vinculadas al microtráfico y a las operaciones de control territorial.
Reclutamiento y desplazamiento: una relación directa
El informe destaca que el reclutamiento forzado se ha convertido en uno de los principales detonantes del desplazamiento interno en Honduras.
Muchas familias optan por abandonar sus hogares cuando sus hijos son amenazados o presionados para integrarse a grupos criminales. Esta situación provoca rupturas familiares, abandono escolar y severas afectaciones emocionales.
Especialistas advierten que los menores desplazados enfrentan mayores riesgos de explotación laboral, trata de personas y violencia sexual, además de experimentar ansiedad, depresión y estrés postraumático.
Víctimas que terminan siendo criminalizadas
Uno de los hallazgos más preocupantes es que numerosos adolescentes reclutados terminan enfrentando procesos judiciales por delitos relacionados con las actividades que fueron obligados a realizar.
Durante el período analizado se registraron denuncias y acusaciones principalmente por tráfico de drogas, así como por portación ilegal de armas, amenazas y extorsión. La mayoría de estos casos corresponde a adolescentes varones entre los 16 y 17 años.
El informe cuestiona que, en muchos expedientes, los menores sean tratados prioritariamente como infractores, sin que se reconozca plenamente su condición de víctimas de explotación por parte de organizaciones criminales.
Persisten debilidades institucionales
A pesar de que Honduras cuenta con legislación destinada a proteger a la niñez y atender el desplazamiento forzado, organizaciones defensoras de derechos humanos consideran que persisten importantes desafíos en la implementación de dichas normativas.
El criminólogo Germán Licona señaló que la falta de presencia institucional en numerosos territorios facilita la expansión de estas prácticas y fortalece el control ejercido por grupos criminales sobre comunidades vulnerables.
Según el especialista, la respuesta estatal debe centrarse principalmente en la prevención, fortaleciendo la educación, la protección social y la coordinación entre las instituciones encargadas de garantizar los derechos de la niñez.
Llamado a fortalecer la protección infantil
Casa Alianza Honduras recomienda mejorar la articulación entre las instituciones responsables de la protección de la niñez y los organismos encargados de atender el desplazamiento interno, además de reforzar las estrategias preventivas en las comunidades más afectadas.
La organización concluye que el reclutamiento forzado constituye una grave violación de los derechos humanos y representa uno de los factores que más contribuyen al desplazamiento de menores en el país.
Una crisis poco visible
La problemática del desplazamiento forzado continúa siendo una de las emergencias humanitarias menos visibilizadas en Honduras. De acuerdo con recientes evaluaciones internacionales, el país figura entre las naciones con crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo debido a la limitada cobertura mediática, la escasa atención política y la insuficiente financiación para la asistencia humanitaria.
Organismos internacionales advierten que cientos de miles de hondureños permanecen desplazados por la violencia, mientras los recursos destinados para atender esta situación continúan siendo insuficientes frente a las necesidades existentes.
Expertos coinciden en que enfrentar el reclutamiento forzado requiere una respuesta integral que combine seguridad, protección social, educación, oportunidades económicas y una presencia efectiva del Estado en las comunidades más vulnerables.
