El sistema de justicia hondureño registró la primera condena de impacto contra un integrante de una estructura criminal por extorsión bajo la nueva modalidad vinculada al terrorismo, luego de que un Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula impusiera una pena de 15 años de reclusión y una multa de 10 mil lempiras a un conductor de autobús señalado de operar para la Pandilla 18.
El condenado fue identificado como Alexander Anderson Chávez Hernández, conocido con el alias de “Brócoli”, quien fue encontrado responsable del delito de extorsión mediante un procedimiento de estricta conformidad. De acuerdo con las autoridades, el hombre utilizaba su trabajo como conductor de transporte público como una fachada para facilitar las operaciones de la estructura criminal y mantener bajo amenazas a otros trabajadores del sector.
La sentencia fue emitida por el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, en un caso que las autoridades consideran relevante por tratarse de uno de los primeros procesos en los que se aplican las recientes modificaciones al Código Penal relacionadas con delitos cometidos bajo modalidades asociadas al terrorismo.
Se infiltró en el sector transporte
Según la información proporcionada por el portavoz antipandillas y contra el crimen organizado, Mario Fu, “Brócoli” habría aprovechado durante años su condición de conductor de buses para obtener información sobre el funcionamiento de las empresas y las rutas del transporte público.
Las investigaciones señalan que el ahora condenado habría mantenido vínculos con la Pandilla 18 y que su función dentro de la estructura criminal consistía, entre otras actividades, en identificar potenciales víctimas, conocer sus movimientos y facilitar el cobro de las extorsiones.
De acuerdo con las autoridades, sus acciones se extendieron durante aproximadamente seis años, período en el que habría utilizado su empleo para acercarse a otros conductores y propietarios de unidades de transporte.
El objetivo, según la investigación, era aprovechar la información obtenida desde dentro del mismo sector para posteriormente realizar amenazas y exigir pagos de dinero a cambio de permitir que los transportistas continuaran trabajando.
Varias rutas bajo amenaza
Las autoridades indicaron que entre los sectores afectados por las actividades atribuidas a “Brócoli” se encuentran transportistas que operan en La Lima, la colonia La Planeta y San Pedro Sula, así como la ruta entre San Pedro Sula y El Progreso.
Los cobros exigidos se realizaban mediante amenazas y tenían como finalidad obligar a los trabajadores del transporte a entregar determinadas cantidades de dinero a la estructura criminal.
El caso refleja una de las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales para infiltrarse en actividades económicas y utilizar a personas que tienen acceso directo a determinados sectores para facilitar la extorsión.
La investigación permitió establecer, según la Policía, que el acusado no solamente se desempeñaba como conductor, sino que habría utilizado esa posición para favorecer las operaciones de la estructura a la que presuntamente pertenecía.
Capturado durante operativo policial
La carrera delictiva atribuida a Chávez Hernández terminó el 17 de febrero de 2026, cuando agentes de la Policía Nacional desarrollaron una operación en el bulevar del Este, a la altura de la colonia Jerusalén, en San Pedro Sula.
Durante el operativo, las autoridades reportaron el decomiso de dinero en efectivo, un teléfono celular y la unidad de transporte que conducía.
El teléfono fue considerado un elemento relevante para las investigaciones debido a que, según los agentes, habría sido utilizado para coordinar acciones relacionadas con los cobros y amenazas dirigidas contra transportistas.
A partir de su captura se inició el proceso judicial que finalmente concluyó con una sentencia condenatoria.
Primera condena bajo las nuevas reformas
El portavoz Mario Fu calificó la sentencia como un precedente dentro de la lucha contra la extorsión y el crimen organizado en Honduras.
Según explicó, se trata de la primera condena de impacto contra un miembro del sector transporte bajo el marco de las nuevas reformas al Código Penal, que contemplan un tratamiento más severo para determinados hechos de extorsión vinculados a estructuras criminales y modalidades consideradas terroristas.
Las reformas buscan aumentar las herramientas legales para perseguir a las organizaciones dedicadas a la extorsión, particularmente aquellas que utilizan amenazas sistemáticas para controlar sectores productivos y obtener ingresos ilícitos.
Para las autoridades, el fallo también envía un mensaje a quienes utilizan actividades laborales legales como mecanismo para infiltrarse en sectores económicos y colaborar con estructuras criminales.
Una condena que marca precedente
El caso de “Brócoli” adquiere especial relevancia debido a que la víctima de las actividades extorsivas no se limitaba a una persona o negocio particular, sino que, según las investigaciones, las acciones estaban dirigidas contra trabajadores y empresas vinculadas al transporte público en diferentes municipios del Valle de Sula.
La extorsión constituye uno de los principales problemas que enfrenta el sector transporte en Honduras y ha obligado a empresarios y conductores a modificar sus operaciones, suspender rutas y, en algunos casos, abandonar determinadas zonas debido a las amenazas de grupos criminales.
La utilización de conductores o trabajadores infiltrados dentro de las propias organizaciones de transporte representa una modalidad que dificulta la detección de los responsables, debido al acceso que estas personas tienen a información sobre horarios, recorridos, propietarios y movimientos de dinero.
Con la condena de Alexander Anderson Chávez Hernández, alias “Brócoli”, las autoridades esperan fortalecer los procesos judiciales contra integrantes de estructuras criminales que utilizan la extorsión como fuente de financiamiento.
El condenado deberá cumplir 15 años de prisión, además de pagar una multa de 10 mil lempiras, luego de que el tribunal dictara sentencia en su contra por el delito de extorsión.
El fallo se convierte así en uno de los primeros casos que ponen a prueba la aplicación de las nuevas disposiciones penales y en un precedente para futuras investigaciones relacionadas con la extorsión cometida por estructuras del crimen organizado.
