Organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos de los animales exigieron la aplicación de la Ley de Protección Animal tras el caso de un canino que fue transportado de manera imprudente y peligrosa en Choloma, Cortés, hecho que generó indignación entre la población.
A través de un manifiesto jurídico-ciudadano, los defensores señalaron que, aunque el Ministerio Público determinó que no existía un delito penal al no comprobarse muerte o mutilación del animal, esta resolución no elimina la posibilidad de aplicar sanciones administrativas contra la persona responsable.
Según el pronunciamiento, la acción cometida representa una infracción grave contemplada en la Ley de Protección Animal, debido a que habría expuesto al canino a una situación de estrés, peligro de atropello y condiciones inadecuadas durante su traslado.
Los defensores recordaron que la normativa establece sanciones económicas para este tipo de faltas, con multas que pueden alcanzar hasta diez salarios mínimos, cuya aplicación corresponde a las autoridades municipales competentes en Choloma.
Asimismo, solicitaron que se valore la incautación preventiva del animal para garantizar su protección y evitar que permanezca en un ambiente donde pueda estar expuesto a nuevos riesgos. También pidieron que sea evaluado por especialistas veterinarios y entregado a una organización protectora o refugio.
El manifiesto insta a las instituciones involucradas a continuar con el proceso correspondiente y aplicar las medidas establecidas por la legislación vigente, con el objetivo de sentar un precedente en la defensa y protección de los animales.
Finalmente, los ciudadanos hicieron un llamado a la población para denunciar cualquier acto de maltrato animal y apoyar iniciativas que promuevan el respeto hacia los seres vivos, bajo la consigna de exigir justicia para el perro afectado en Choloma.
