El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, alertó este martes que varios de los aspirantes a integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) enfrentan demandas interpuestas tanto por el Estado como por ellos mismos, además de investigaciones en curso en el Ministerio Público. Ante este panorama, el funcionario hizo un llamado a las autoridades del Congreso Nacional para que se realice una revisión exhaustiva de los antecedentes de cada postulante antes de proceder con su elección.
Durante sus declaraciones, Aspra subrayó la importancia de solicitar información a distintas instituciones públicas sobre las personas propuestas, con el objetivo de identificar posibles responsabilidades legales o conflictos pendientes. “Muchas de ellas tienen demandas contra el Estado, el Estado en su momento los demandó a ellos y también tienen investigaciones en curso”, señaló, al tiempo que enfatizó la necesidad de establecer filtros claros dentro del proceso de selección.
El titular de la PGR explicó que uno de los mecanismos más efectivos sería exigir constancias oficiales a los aspirantes, así como cruzar información con entidades como el Ministerio Público y otras dependencias estatales. Según indicó, este procedimiento permitiría verificar la situación jurídica de cada candidato y evitar que personas con procesos abiertos o cuestionamientos legales lleguen a ocupar cargos clave dentro de los órganos electorales.
Asimismo, reconoció que no existe una cifra exacta de cuántos aspirantes se encuentran en esta condición, pero confirmó que se trata de varios casos. Detalló que algunas de las demandas están relacionadas con responsabilidad civil derivada de funciones públicas desempeñadas anteriormente, lo que refuerza la necesidad de analizar cada perfil con detenimiento.
Sobre la posibilidad de inhabilitar a ciertos candidatos, Aspra aclaró que primero se deben determinar las causales legales correspondientes, ya que cada caso debe ser evaluado de manera individual por las instancias competentes. En ese sentido, insistió en que el proceso debe centrarse en seleccionar a las personas más idóneas, priorizando la transparencia y la confianza institucional.
Finalmente, el procurador reiteró que una evaluación rigurosa y bien documentada es fundamental para fortalecer la credibilidad del CNE y el TJE, especialmente en un contexto político donde estos órganos juegan un papel clave en la estabilidad democrática del país. A su juicio, solo mediante un proceso transparente y basado en méritos se podrá garantizar que quienes asuman estos cargos respondan a los intereses de la nación.
