La bancada del Partido Liberal de Honduras anunció que no respaldará el proyecto de reformas a la Ley General de Energía en su forma actual, al considerar que la iniciativa no resuelve de manera integral los problemas estructurales que enfrenta el sector eléctrico del país.
A través de un comunicado, los diputados liberales señalaron que, tras sostener reuniones con alcaldes, trabajadores de la ENEE, sectores productivos, expertos, representantes de la academia y sociedad civil, concluyeron que Honduras necesita una reforma energética más amplia, técnicamente sólida, fiscalmente responsable y construida mediante consenso nacional.
Como alternativa, la bancada informó que presentará una propuesta complementaria basada en siete compromisos orientados a fortalecer el sistema eléctrico y garantizar beneficios reales para la población hondureña.
Entre los principales planteamientos destaca la preservación del carácter público de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), incorporando una disposición que impida cualquier interpretación de la ley que permita su privatización, ya sea de forma total o parcial.
La propuesta también contempla proteger a las familias mediante tarifas justas y subsidios focalizados, además de impulsar una auditoría forense e independiente, acompañada de un plan de saneamiento financiero y fortalecimiento institucional para recuperar la estabilidad de la estatal eléctrica.
Asimismo, el Partido Liberal plantea promover inversiones responsables para modernizar la infraestructura eléctrica, reducir pérdidas, mejorar la calidad del servicio, establecer mecanismos permanentes de evaluación y garantizar la protección de los derechos laborales de los trabajadores de la ENEE durante el proceso de modernización.
La bancada liberal afirmó que socializará su iniciativa con distintos sectores del país y reiteró que su objetivo es construir una reforma energética transparente, sostenible y de largo plazo, asegurando que en el Congreso Nacional defenderá un sistema eléctrico confiable, con reglas claras, seguridad jurídica y tarifas razonables para los hondureños.
