Un informe de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) situó a Nicaragua entre los nueve países del mundo donde existe un riesgo “muy alto” de sufrir tortura y otros tratos crueles, una clasificación que organizaciones defensoras de derechos humanos consideran reflejo del deterioro de las garantías fundamentales en el país centroamericano.
El Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, integrado principalmente por activistas exiliados y con sede en Costa Rica, señaló que esta evaluación evidencia la persistencia de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la falta de mecanismos eficaces para prevenir abusos, investigar los casos y proteger a las víctimas.
De acuerdo con la organización, desde el inicio de la crisis sociopolítica en abril de 2018 se han documentado más de 250 testimonios relacionados con al menos 40 métodos de tortura y malos tratos presuntamente cometidos contra personas detenidas por motivos políticos. Entre las denuncias figuran agresiones físicas, violencia sexual, descargas eléctricas, aislamiento prolongado y otras prácticas registradas en centros de detención como El Chipote y La Modelo.
El informe de la OMCT también ubica en la categoría de riesgo muy alto a Afganistán, Bielorrusia, Baréin, El Salvador, Etiopía, Irán, Libia y Rusia. En el caso de Nicaragua, el organismo sostiene que el patrón de abusos se intensificó tras la represión de las protestas de 2018 y continúa generando preocupación en la comunidad internacional.
Asimismo, el documento recuerda que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó que en Nicaragua se habrían cometido crímenes de lesa humanidad y que en 2025 identificó a decenas de funcionarios dentro de una presunta cadena de mando responsable de graves violaciones a los derechos humanos.
Según el informe, hasta mayo de 2026 permanecían al menos 46 personas consideradas presos políticos, mientras que ocho detenidos habrían fallecido bajo custodia desde 2019. Además, se señala la cancelación de más de 5,600 organizaciones civiles y la pérdida de la nacionalidad de cientos de ciudadanos nicaragüenses, hechos que continúan siendo objeto de seguimiento por organismos internacionales de derechos humanos.
