Por: Marcio Sierra
El descontento popular que enfrenta el gobierno actualmente surge como resultado de tres situaciones que deben ser resueltas de raíz tan pronto como sea posible: primero por la ejecución de acciones gubernativas poco visualizadas en términos de los resultados efectivos que se han logrado hasta ahora. Segundo, debido a la pila de engaños que le han hecho a la población desde tiempos gubernativos pasados, en relación con la puesta en práctica de proyectos orientados a evitar el deterioro económico, a mejorar la seguridad, a generar empleo, a fortalecer la confianza institucional y a prevenir el abandono ciudadano y, tercero, por la fuerte influencia en los aparatos estatales, de activistas del Partido Libre que aun perjudican la gobernanza actual. El gobierno actual está obligado a abordar con estrategia e inteligencia administrativa, la gobernabilidad para generar el clima de certidumbre y no permitir que se profundice la frustración colectiva y la inestabilidad política del gobierno democrático.
En Honduras, los distintos sectores sociales siempre van a manifestar su malestar social mientras no se ejecuten procesos efectivos de desarrollo que favorezcan a los jóvenes, porque no encuentran oportunidades laborales, mientras las familias sean golpeadas por el elevado costo de la vida y la mala atención en los hospitales, mientras los pequeños empresarios se vean afectados por la desaceleración económica y en las comunidades rurales persista el abandono, al sentir que el Estado no da respuestas positivas en la capacidad para atenderlas. Y, si a ello, se le agrega la polarización política que tiende a sustituir el debate serio por la confrontación permanente, la desconfianza de la población se va a aumentar. Sin embargo, estos procesos están cambiando aun cuando existen adversarios políticos que buscan negarlos con propósitos electoreros.
Para revertir el descontento popular se tiene que demostrar que existe una gobernabilidad certera en la solución de los problemas, que existe una sensibilidad social objetiva y que se toman decisiones concretas para evidenciar que el gobierno resuelve los problemas estructurales que enfrentamos en Honduras. La ciudadanía hondureña necesita resultados visibles en materia de empleo, inversión, seguridad, salud y educación. Al no haber estabilidad económica y poco fortalecimiento institucional, los proyectos políticos que se emprendan quedaran atrapados más en un pragmatismo retórico y distanciados de las necesidades reales de la población. Hay que recuperar la confianza ciudadana demostrando transparencia, combatiendo la corrupción con firmeza, respetando la institucionalidad democrática y garantizando una seguridad jurídica para atraer a los inversionistas y dar certidumbre a los ciudadanos. No se trata de imponer la confianza pública; sino de darle coherencia, hacerla responsable y que cumplan los compromisos. Para lograrlo, el presidente tiene que reconstruir el dialogo nacional. Superar las divisiones irreconciliables, promover efectivamente los consensos mínimos entre los sectores políticos, empresariales, sociales y académicos. Bajo el contexto de la gobernanza democrática la confrontación permanente es inaceptable, porque profundiza el desgaste institucional y amplía la distancia entre gobernantes y gobernados.
El descontento popular es una advertencia democrática y no la manifestación de un enemigo político. Los ciudadanos están reclamando respuestas con eficiencia y liderazgo con justa razón. No los puede ignorar porque eso causa mayores niveles de inestabilidad social y política. Necesitamos demostrar una visión de nación basada en la producción, el fortalecimiento institucional y la generación de oportunidades. A la crisis mundial hay que enfrentarla con voluntad utilizando una estrategia que implique la aplicación de herramientas de transformación y bienestar común.
