CORTESÍA
El Gobierno de Honduras adjudicó nuevamente a la empresa alemana Tönnjes Card Latinamerica S.A. el contrato para la fabricación de las nuevas placas vehiculares inteligentes, una iniciativa valorada en más de 65 millones de dólares (alrededor de 1,700 millones de lempiras) que busca atender la mora de más de un millón de placas pendientes y abastecer el sistema registral hasta el año 2030.
La contratación, anunciada por el Instituto de la Propiedad (IP), contempla la producción de aproximadamente 2.9 millones de placas durante los próximos tres años. Según la institución, estas incorporarán tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), autenticación digital y una tercera placa de seguridad para el parabrisas, con el objetivo de fortalecer los controles vehiculares y combatir la falsificación.
No obstante, la decisión ha generado cuestionamientos debido a que la misma empresa fue responsable del anterior proceso de replaqueo impulsado entre 2014 y 2018, un proyecto que estuvo marcado por retrasos en su ejecución, observaciones sobre los costos y dificultades para implementar plenamente la tecnología anunciada.
Antecedentes del proyecto
Durante el proceso anterior, Tönnjes suministró placas con tecnología RFID como parte de un sistema que permitiría identificar electrónicamente los vehículos. Sin embargo, la infraestructura necesaria para aprovechar esa tecnología no fue instalada de manera oportuna, ya que el Estado debía adquirir lectores especializados para integrarlos al sistema de vigilancia y control.
Como resultado, gran parte de las funciones tecnológicas anunciadas no pudieron utilizarse durante varios años, mientras miles de placas permanecieron almacenadas antes de ser distribuidas a los propietarios de vehículos.
Las autoridades del Instituto de la Propiedad de ese momento reconocieron que la modernización del Registro Vehicular avanzó con retrasos, lo que provocó un desfase de aproximadamente 21 meses respecto al cronograma inicialmente previsto para completar el replaqueo.
Cuestionamientos sobre los costos
Otro de los aspectos que generó debate en el proyecto anterior fue el incremento en el costo de fabricación de las placas.
Documentos divulgados en su momento señalaron que el valor unitario de las placas para vehículos livianos pasó de 9.13 dólares a 26.57 dólares, mientras que las destinadas a motocicletas registraron aumentos aún mayores.
Debido a que las tarifas cobradas a los propietarios están establecidas por ley, diversos informes indicaron que el Estado tendría que absorber parte de la diferencia entre el costo de producción y el precio pagado por los ciudadanos.
En el nuevo contrato anunciado por el Gobierno no se han detallado públicamente los costos unitarios de fabricación ni la estructura financiera mediante la cual se cubrirá la inversión.
Investigación y observaciones
El proyecto ejecutado años atrás también fue objeto de revisión por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), que anunció investigaciones relacionadas con la adjudicación y ejecución del fideicomiso utilizado para desarrollar el sistema de placas vehiculares.
Las observaciones se centraron en el costo del proyecto, la planificación institucional y la implementación del modelo tecnológico, elementos que mantuvieron el tema bajo escrutinio público durante varios años.
Posición del Gobierno
El Gobierno sostiene que la nueva contratación permitirá normalizar el suministro de placas vehiculares, eliminar intermediarios y fortalecer los mecanismos de seguridad del sistema registral.
Asimismo, las autoridades han informado que el proyecto contempla la instalación de una planta de producción en Honduras, con la expectativa de generar empleo y agilizar la fabricación de placas dentro del país.
El reto de la nueva adjudicación
Con la firma del nuevo contrato, el principal desafío para las autoridades será demostrar que las dificultades registradas en el proceso anterior no volverán a repetirse.
Especialistas consideran que el éxito del proyecto dependerá no solo de la fabricación de las placas, sino también de la capacidad del Estado para contar con la infraestructura tecnológica, los sistemas de registro, los mecanismos de supervisión y la logística de distribución necesarios para garantizar que la inversión produzca los resultados esperados y permita resolver de forma definitiva el problema del replaqueo en Honduras.
