La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) abrirá una investigación sobre actuaciones de jueces que autorizaron embargos por L921 millones contra la Cuenta Única del Estado durante 2024 y 2025, luego de que auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) detectaran posibles irregularidades en los procedimientos utilizados.
La investigación se originó a partir de informes elaborados por el TSC sobre 40 expedientes relacionados con embargos judiciales. De ese total, 27 fueron incluidos en dos informes remitidos a la Corte Suprema de Justicia, mientras que otros 13 expedientes serán enviados al Ministerio Público al identificarse indicios que podrían derivar en responsabilidades penales.
Juticalpa y Choluteca, bajo la lupa
Los principales hallazgos están relacionados con actuaciones de los Juzgados de Letras Seccionales de Juticalpa y Choluteca, donde se ordenaron embargos contra recursos públicos. Según las auditorías, en los casos examinados no se encontró evidencia de que los juzgados hubieran remitido previamente a la Tesorería General de la República (TGR) las sentencias firmes y demás documentación requerida para proceder con la ejecución de los embargos.
El procedimiento establecido busca que la Tesorería conozca las obligaciones judiciales antes de que se afecten recursos estatales, con el propósito de verificar la disponibilidad financiera y coordinar los pagos correspondientes sin comprometer fondos destinados a otras obligaciones del Estado.
Sin embargo, los informes del TSC señalan que ese procedimiento no habría sido cumplido en los expedientes revisados. La situación generó preocupación debido a que los embargos terminaron afectando directamente recursos de la Cuenta Única del Estado.
Un embargo concentra la mayor parte del monto
La auditoría de mayor impacto económico corresponde al informe 002-2026-DGSD-CSJ-B, en el que fueron examinados 12 procesos de embargo por aproximadamente L888.5 millones, equivalentes a cerca del 93 % de los L921 millones analizados.
Dentro de esos expedientes destaca un embargo por más de L864 millones, relacionado con la Alcaldía de La Unión, Olancho. Al momento de elaborarse la certificación correspondiente, ese expediente todavía no figuraba como cancelado, mientras que otros 11 procesos ya habían sido pagados mediante certificaciones de cheques emitidos por el Banco Central de Honduras.
El segundo informe auditado, identificado como 002-2026-DGSD-CSJ-A, examinó 15 expedientes que representan unos L32.6 millones en embargos. Estos procesos estuvieron vinculados principalmente a municipalidades de Olancho y Choluteca, entre ellas Juticalpa, La Unión, Jano, Patuca, Campamento, San Francisco de la Paz, Esquipulas del Norte y Mangulile.
También detectan inconsistencias en expedientes
Los auditores encontraron además inconsistencias en la documentación que respaldaba algunos procesos judiciales. Entre las observaciones aparece el uso de exhortos o auxilios judiciales como respaldo para ejecutar embargos sin que en los expedientes constaran las resoluciones o sentencias originales que sustentaban esas actuaciones.
El TSC también señaló que varios expedientes no contenían información completa sobre las diligencias realizadas por los juzgados ejecutores, situación que, según el órgano contralor, dificulta verificar de manera integral si se cumplió con todo el procedimiento establecido.
Estas observaciones no significan que los jueces hayan sido declarados responsables de un delito. Será precisamente la investigación del Ministerio Público la que deberá determinar si las actuaciones constituyeron únicamente incumplimientos administrativos o si existen elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades penales.
Jueces defienden sus actuaciones
Durante el proceso de auditoría, los jueces involucrados justificaron sus decisiones argumentando que la independencia judicial les obliga a garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias firmes.
También señalaron que muchos de los procesos estaban relacionados con demandas laborales y que los derechos reconocidos a los trabajadores tienen carácter alimentario, por lo que su cumplimiento no debería retrasarse.
Los funcionarios judiciales sostuvieron además que impedir o demorar la ejecución de una sentencia firme podría afectar el derecho a la tutela judicial efectiva y que las disposiciones presupuestarias no deben utilizarse para desconocer derechos reconocidos judicialmente.
Corte Suprema ordena regular los embargos
A raíz de los hallazgos, el Tribunal Superior de Cuentas recomendó a la Corte Suprema de Justicia instruir a los jueces de todo el país para que cumplan con los procedimientos establecidos antes de ordenar embargos contra recursos estatales.
Posteriormente, la Presidencia de la Corte Suprema emitió un oficio dirigido a los órganos jurisdiccionales para recordar que las cuentas bancarias y fondos públicos del Estado no pueden ser embargados sin observar el procedimiento legal correspondiente. La medida busca evitar que nuevas órdenes judiciales comprometan recursos públicos sin la coordinación previa con la Tesorería General de la República.
Las disposiciones presupuestarias citadas en la investigación establecen además que los fondos públicos administrados por la Tesorería y el Banco Central son inembargables y contemplan posibles sanciones y responsabilidades para quienes incumplan las disposiciones.
Procuraduría también pide investigar
La investigación no se limitará a los funcionarios judiciales. La Procuraduría General de la República solicitó acciones ante los posibles incumplimientos detectados y también puso bajo la lupa la participación de abogados y bufetes privados que promovieron algunos de los procesos.
El subprocurador Francisco Quiroz señaló que se busca identificar a firmas legales que, según su valoración, podrían haber actuado en perjuicio de los intereses financieros del Estado. La Procuraduría considera necesario determinar cómo se originaron los procesos y quiénes participaron en las actuaciones que terminaron afectando los fondos públicos.
Con el traslado de los expedientes al Ministerio Público, corresponderá ahora a la Fetccop realizar las diligencias, revisar la documentación judicial y financiera y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades.
El caso representa una de las investigaciones más importantes relacionadas con el manejo de recursos públicos mediante órdenes judiciales, debido al monto involucrado y al número de expedientes bajo revisión. La atención estará puesta en determinar si las irregularidades detectadas fueron producto de errores procedimentales o si detrás de los embargos existieron actuaciones deliberadas que puedan constituir delitos contra la administración pública.
