La Fiscalía de Bolivia emitió una nueva orden de captura contra el expresidente Evo Morales, quien es investigado por su presunta participación en las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio de 2026. La decisión judicial amplía la situación legal del exmandatario, quien ya enfrenta otro proceso relacionado con una acusación por presunta trata agravada de personas.
La orden fue firmada por el fiscal Brayan Melgar y contempla una investigación por varios delitos, entre ellos presunto alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictiva, instigación pública a delinquir y ataques contra servicios públicos.
El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por dirigentes cívicos del departamento de Santa Cruz, la cual posteriormente fue respaldada por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo. La investigación también incluye al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Marco Argollo, y al líder campesino de La Paz, Vicente Salazar.
Según las autoridades bolivianas, las movilizaciones y bloqueos se extendieron durante aproximadamente siete semanas y generaron afectaciones en el abastecimiento de productos básicos, combustible y oxígeno medicinal en distintas regiones del país.
El Gobierno de Bolivia atribuye a estas protestas la muerte de 16 personas, de las cuales 13 habrían fallecido debido a la falta de acceso oportuno a atención médica durante los bloqueos. Además, las autoridades estiman que las pérdidas económicas ocasionadas por las interrupciones superaron los 3 mil millones de dólares.
Morales niega señalamientos
Evo Morales rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que las movilizaciones no tenían como objetivo provocar la salida del presidente Rodrigo Paz, sino exigir respuestas gubernamentales a las demandas planteadas por sectores sociales que participaron en las protestas.
El exmandatario sostiene que existe una persecución política en su contra y ha cuestionado las acciones judiciales emprendidas por las autoridades bolivianas.
Actualmente, Morales permanece en la región del Chapare, donde cuenta con respaldo de simpatizantes que han impedido su detención. Desde octubre de 2024, el exgobernante se mantiene en esa zona y ha declarado que no tiene previsto entregarse ante la justicia, afirmando que continuará enfrentando los procesos desde ese lugar.
La nueva orden de captura abre una nueva etapa en los procesos legales contra Morales, mientras las autoridades bolivianas continúan con las diligencias para determinar su posible responsabilidad en los hechos investigados.
