Por: Marcio Sierra
Desde que nos independizamos de los españoles en el siglo XIX en adelante, el análisis histórico y sociológico de Honduras, refleja la existencia de una permanente tensión entre los ideales republicanos de igualdad ciudadana y la concentración del poder político y económico en grupos reducidos. Las gobernanzas que hemos tenido, sean liberales, nacionalistas, militares, socialistas y democráticas, han sido y son influenciados desproporcionadamente por elites económicas y políticas que inciden en las principales decisiones del Estado. Esta realidad provoca en el ámbito de los historiadores y en el de los investigadores del campo sociológico, un debate sobre lo que en Honduras tenemos como Estado oligárquico o Estado capturado por intereses particulares. Coinciden en reconocer que, durante el siglo XIX, nuestra debilidad institucional limitó la formación de una burguesía nacional y, por lo tanto, sobrevivimos como nación, en una posición de desventaja política frente a los otros países centroamericanos. Al respecto, Dario A. Euraque en su estudio sobre la Reforma Liberal en Honduras, plantea la hipótesis que entre 1870 y 1930 no tuvimos una oligarquía que propiciase la economía exportadora controlada por capitalistas nacionales, pero si enclaves extranjeros, primero en la minería y posteriormente en la industria bananera. En consecuencia, hubo ausencia de una burguesía nacional durante el siglo XIX que significó la formación de un Estado bajo condiciones negativas y que incidió en la formación de un Estado subordinado, una estructura social empobrecida y una cultura política muy baja. En vez de consolidarse una burocracia racional-legal, predominaron formas tradicionales y personalistas de dominación. El hecho de enfrentar la ausencia de una burguesía nacional limitó el desarrollo de las fuerzas productivas y causó que se consolidara una estructura económica dependiente del capital extranjero y, por lo tanto, una subordinación económica y política de la nación al sistema capitalista internacional supeditado a condicionamiento económicos y político foráneos. En otras palabras, la no formación de una burguesía nacional en el siglo XIX condicionó la evolución del Estado hondureño, la persistencia de élites dependientes, la debilidad institucional y las dificultades para construir un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible.
Es hasta entrados en el siglo XX que surgen nuevos grupos empresariales nacionales vinculados a la banca, el comercio, las telecomunicaciones, la agroindustria y los servicios. En la estructura económica y política surgen reducidos grupos familiares con poder económico, en alianzas con empresas extranjeras y sectores militares, que ejercen una influencia decisiva sobre las instituciones del Estado. El anhelo por formar un sistema republicano y democrático se perdió, porque en la práctica lo que se produjo fue la concentración del poder político en élites que utilizaron el Estado para preservar sus privilegios y controlar los recursos nacionales. Por más de dos décadas del siglo XX las compañías bananeras como la United Fruit Company y la Standard Fruit Company dominaron la gobernanza de Honduras y obtuvieron amplias concesiones territoriales, privilegios fiscales e impusieron su influencia en las decesiones gubernamentales.
Esta forma oligárquica de poder político fortaleció la economía de enclave orientada a la exportación y limitó el desarrollo de una burguesía nacional diversificada y de una industrialización autónoma. Asimismo, es bajo este modo oligárquico de ejercer el poder que grandes propietarios de tierras, comerciantes, banqueros y dirigentes políticos tienen la oportunidad para consolidar su dominación. Es así como convierten al Estado en un instrumento para garantizar la estabilidad del orden económico sin promover el bienestar general. De ahí en adelante, la concentración de la riqueza coexiste con los altos niveles de pobreza, la expandida exclusión rural y la limitada accesibilidad a una educación y una salud de calidad. Lo que reduce la movilidad social y causa que amplios sectores de la población permanezcan al margen de los beneficios del crecimiento económico. Superar este legado a través de instituciones democráticas, garantizando un Estado de derecho, promoviendo la igualdad de oportunidades y construyendo un modelo de desarrollo más inclusivo, donde el interés público prevalezca sobre los intereses particulares, debe ser la visión de país que se debe impulsar.
