El Gobierno de Honduras oficializó la entrada en vigencia de un amplio paquete de amnistías fiscales y administrativas tras la publicación del Decreto No. 78-2026 en el Diario Oficial La Gaceta. La medida, aprobada por el Congreso Nacional y sancionada por el Poder Ejecutivo, busca brindar un alivio económico a miles de ciudadanos, empresas y patronos que mantienen obligaciones pendientes con distintas instituciones del Estado.
La nueva normativa establece una amnistía tributaria de cuatro meses para contribuyentes con impuestos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes se acojan al beneficio podrán ponerse al día pagando únicamente el monto principal adeudado, quedando exonerados de multas, recargos e intereses generados por mora. El beneficio también incluye a quienes presentaron declaraciones de forma extemporánea o realizaron pagos fuera de plazo.
Asimismo, el decreto incorpora una amnistía especial para deudas con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Durante el período establecido, los patronos de los sectores público y privado podrán regularizar aportaciones patronales y laborales sin asumir cargos adicionales por intereses o sanciones. La disposición también instruye al IHSS a restablecer los servicios de salud y protección social para los trabajadores cuyos empleadores normalicen sus obligaciones.
Las alcaldías del país también deberán aplicar una amnistía municipal que libera del pago de multas, recargos e intereses a personas naturales y jurídicas con tributos, tasas y contribuciones en mora. Además, la ley amplía por 30 días los beneficios del programa de descuentos conocido como “Pronto Pago”, con el objetivo de incentivar la recaudación y facilitar la regularización de cuentas pendientes.
Otro de los alcances del decreto favorece a los usuarios con deudas por servicios de agua potable y saneamiento. La amnistía cubre intereses moratorios, multas, recargos y costos de reconexión, tanto en sistemas administrados por el Estado como por municipalidades, juntas de agua comunitarias o concesionarios. Los beneficiarios podrán cancelar sus saldos o suscribir convenios de pago dentro del plazo establecido por la ley.
Las autoridades sostienen que estas medidas buscan reducir la carga financiera de la población, promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y fortalecer los ingresos de las instituciones públicas mediante mecanismos que faciliten la recuperación de deudas acumuladas.
