Las investigaciones de la Unidad Nacional Antisecuestro revelan que algunos casos denunciados como privaciones de libertad fueron simulados por los propios involucrados con fines económicos. Autoridades mantienen seguimiento a los expedientes, donde también figuran menores de edad y mujeres entre los señalados.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) informó que durante los primeros meses de 2026 se han identificado ocho casos de autosecuestros o secuestros simulados en Honduras, situaciones en las que las supuestas víctimas habrían fingido haber sido privadas de libertad por grupos criminales.
Según las autoridades, estos hechos fueron descubiertos luego de los procesos de investigación activados tras las denuncias presentadas por familiares de las personas que aparentemente se encontraban secuestradas.
La subinspectora de la DPI, Jocelyn Mayrena, explicó que cada reporte recibido por la Unidad Nacional Antisecuestro es atendido bajo los protocolos establecidos, debido a la gravedad que representa una denuncia de este tipo.
Sin embargo, detalló que después de realizar las diligencias correspondientes, en ocho casos registrados durante 2026 se determinó que no existía un secuestro real, sino una planificación previa por parte de los propios involucrados.
Investigaciones revelan supuestas motivaciones económicas
Mayrena señaló que los análisis realizados por los investigadores determinaron que las personas involucradas habrían organizado estos hechos con el objetivo de obtener beneficios económicos mediante engaños a sus familiares.
De acuerdo con la información proporcionada por la DPI, en varios de estos casos los responsables buscaban recibir dinero a través de supuestas negociaciones de rescate.
Asimismo, las autoridades indicaron que algunos de los involucrados habrían utilizado estas simulaciones como una estrategia para intentar abandonar el país.
“Las investigaciones establecen que las denuncias corresponden a autosecuestros fingidos, donde las supuestas víctimas planifican los hechos”, explicó la funcionaria policial.
Jóvenes entre 20 y 40 años figuran en la mayoría de casos
Según los registros de la Unidad Nacional Antisecuestro, la mayoría de las personas involucradas en estos casos tienen edades comprendidas entre los 20 y 40 años.
Los investigadores han identificado diferentes patrones de comportamiento en este tipo de situaciones, donde los supuestos secuestrados participan directamente en la organización del engaño y posteriormente mantienen comunicación con sus familiares para solicitar dinero.
La DPI mantiene bajo análisis cada expediente para determinar si existen más personas involucradas o posibles conexiones con otros hechos similares.
También hay menores y mujeres involucradas
Las autoridades detallaron que dentro de los ocho casos identificados también se reporta la participación de dos menores de edad y dos mujeres.
Estos expedientes continúan en proceso de investigación por parte de la Unidad Nacional Antisecuestro, con el objetivo de establecer responsabilidades y determinar si hubo participación de terceras personas.
La DPI recordó que este tipo de acciones generan movilización de equipos especializados, activación de recursos operativos y preocupación entre las familias que reciben este tipo de denuncias.
DPI pide responsabilidad al momento de denunciar
Las autoridades policiales hicieron un llamado a la población para que utilice de manera responsable los mecanismos de denuncia y evite participar en simulaciones de delitos.
Explicaron que un falso secuestro no solamente representa un engaño económico, sino que también puede desviar recursos destinados a atender casos reales donde una persona se encuentra en peligro.
La Unidad Nacional Antisecuestro reiteró que continuará trabajando en la investigación de estos hechos y en la identificación de quienes intenten utilizar el delito de secuestro como una forma de obtener beneficios personales.
Mientras continúan las investigaciones, la DPI mantiene vigilancia sobre este tipo de casos debido a que, aunque representan una menor cantidad frente a los secuestros reales, generan un impacto importante en las víctimas indirectas y en la respuesta de las autoridades.
