La defensa técnica del expresidente Juan Orlando Hernández aseguró que durante la audiencia celebrada este martes 18 de agosto ratificó su tesis de inocencia y presentó argumentos para solicitar el sobreseimiento definitivo en la causa penal promovida por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República.
Según el comunicado difundido por Hernández en sus redes sociales, sus abogados sostienen que la Fiscalía no podrá demostrar la existencia de un acuerdo ilegal que configure el delito de fraude. La defensa afirmó que este planteamiento ya habría sido descartado por la Corte de Apelaciones.
Respecto al delito de lavado de activos, la representación legal señaló que no existen pruebas que demuestren que el exmandatario haya gestionado fondos ilícitos. También argumentó que no existe un delito precedente que permita sustentar dicha acusación.
Los abogados objetaron además varios de los medios probatorios presentados por el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, al considerar que algunos ya formaron parte de los casos Pandora 1 y Pandora 2, procesos que, según la defensa, concluyeron con sobreseimientos definitivos.
La defensa también cuestionó la forma en que fueron obtenidos algunos elementos de prueba, alegando la inexistencia de una adecuada cadena de custodia. Asimismo, impugnó a uno de los testigos propuestos por el MP, señalando que enfrenta numerosas acusaciones y que mantiene un acuerdo de colaboración, por lo que consideran que su testimonio no sería confiable.
Durante la audiencia, la representación legal interpuso excepciones de falta de acción e incidentes de nulidad. Entre sus argumentos invocó el principio de non bis in idem, al sostener que los hechos atribuidos como lavado de activos formarían parte del mismo supuesto fraude.
Otro de los planteamientos busca que se extienda a Hernández el sobreseimiento definitivo otorgado a otros coimputados en el caso Pandora 2. La defensa argumentó que la Corte de Apelaciones determinó que no puede establecerse responsabilidad penal únicamente por la posición jerárquica que ocupaba una persona.
Finalmente, la defensa presentó pruebas testimoniales y documentales, entre ellas reglamentos emitidos por la Junta Directiva del Congreso Nacional para el manejo del Fondo de Desarrollo Departamental. También señaló que determinados fondos fueron auditados por el Tribunal Superior de Cuentas y designó a un consultor técnico para cuestionar los peritajes de la acusación. La audiencia continuará el lunes 24 de agosto de 2026 a las 9:30 a. m.
