La Corte Suprema de Justicia (CSJ) instruyó a todos los órganos jurisdiccionales del país a notificar directamente a la Tesorería General de la República (TGR) y a las instituciones estatales involucradas sobre las sentencias firmes relacionadas con obligaciones de pago y embargos contra el sector público.
La disposición fue adoptada tras detectarse incumplimientos en el procedimiento establecido en las disposiciones del Presupuesto General de la República, específicamente en lo relativo a la remisión formal de resoluciones judiciales hacia la Tesorería General.
De acuerdo con lo establecido por la CSJ, los jueces deberán remitir de forma obligatoria un oficio acompañado de copia certificada de la sentencia firme tanto a la TGR como a la institución estatal demandada. El objetivo es asegurar que las obligaciones derivadas de fallos judiciales sean incorporadas y atendidas conforme a la disponibilidad presupuestaria del Estado.
La medida busca fortalecer el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos vinculados a las sentencias emitidas contra instituciones públicas, garantizando mayor orden y transparencia en la gestión de los compromisos financieros del Estado.
Asimismo, la Corte instruyó a los órganos jurisdiccionales a garantizar la conformación completa, cronológica y debidamente documentada de los expedientes judiciales, los cuales deberán incluir todas las actuaciones procesales relevantes, como resoluciones, sentencias, autos de ejecución, embargos, liquidaciones y comunicaciones oficiales.
La CSJ también estableció que los instrumentos de auxilio judicial no deberán ser el único respaldo documental de las actuaciones realizadas dentro de los procesos, reforzando así la obligación de mantener expedientes íntegros y debidamente organizados.
