El Congreso Nacional de Honduras aprobó por unanimidad un decreto que establece una amnistía temporal para que ciudadanos que poseen armas de fuego de uso comercial puedan regularizar su situación legal, aun cuando no cuenten con factura de compra o documentos que acrediten su adquisición.
La medida crea un régimen especial de carácter administrativo que permitirá a los propietarios registrar sus armas ante las autoridades competentes dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la publicación del decreto en Diario Oficial La Gaceta. Según lo aprobado, la falta de documentación no impedirá iniciar el trámite, aunque los solicitantes deberán cumplir con los demás requisitos exigidos por la normativa vigente.
Entre las condiciones establecidas se encuentra la presentación de antecedentes penales, la inspección física del arma y la realización de pruebas de registro balístico. Además, las autoridades efectuarán verificaciones en bases de datos nacionales e internacionales para confirmar que las armas no estén relacionadas con hechos delictivos, investigaciones criminales o reportes de irregularidades.
El beneficio únicamente aplicará a armas de fuego de uso permitido por la legislación hondureña. Quedan excluidas de la amnistía las armas de uso militar, las prohibidas y aquellas restringidas por la ley, las cuales no podrán ser registradas bajo este mecanismo excepcional.
El decreto también establece que la regularización tendrá efectos exclusivamente administrativos, permitiendo la inscripción legal del arma y la emisión de la licencia correspondiente. Sin embargo, aclara que esta disposición no elimina responsabilidades penales ni extingue investigaciones relacionadas con delitos que hayan sido cometidos anteriormente utilizando dichas armas.
La implementación de la medida estará a cargo de la Secretaría de Seguridad de Honduras y sus dependencias especializadas, las cuales serán responsables de supervisar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para garantizar que únicamente sean registradas armas que no representen riesgos para la seguridad pública.
