Un nuevo análisis del Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad) revela que los conflictos vinculados al acceso, uso y control de la tierra continúan siendo uno de los principales focos de tensión en el país, con una alta concentración en tres departamentos específicos.
De acuerdo con el informe “Balance de Conflictividad Socioterritorial 2025 y perspectivas 2026”, los departamentos de Colón, Yoro y La Paz concentran alrededor del 80% de los casos registrados a nivel nacional, ubicándose como las zonas más afectadas por disputas territoriales en Honduras.
Las cifras detallan que siete departamentos acumulan el 79.2% de la conflictividad documentada, siendo Colón el más afectado con 20.8%, seguido por Yoro con 14.3% y La Paz con 13%. Estas regiones coinciden con áreas de alto valor agrícola, ecosistémico e hídrico, lo que las convierte en territorios estratégicos para distintos sectores productivos y comunidades rurales.
El investigador y asesor de justicia de Cespad, Kevin Isidro, advirtió que el incremento de estos conflictos es preocupante, especialmente por el aumento de desalojos, tensiones sociales y episodios de violencia en distintos puntos del país. Según explicó, muchos de estos territorios coinciden con zonas de alta importancia ambiental y productiva como el Valle del Aguán y el Valle de Sula.
En el caso de La Paz, el informe resalta que los conflictos están estrechamente vinculados a la protección de fuentes de agua y áreas naturales, fundamentales para el abastecimiento hídrico no solo local, sino también de regiones vecinas, lo que incrementa la presión sobre el uso del territorio.
El estudio también señala que el 49.4% de los conflictos en el país están relacionados directamente con disputas por la tierra. Sin embargo, los investigadores advierten que estos ya no pueden entenderse únicamente como conflictos agrarios tradicionales, sino como disputas complejas donde intervienen intereses agrícolas, energéticos, turísticos y mineros.
En ese sentido, Cespad subraya que la conflictividad actual refleja una combinación de procesos de recuperación de tierras por parte de comunidades campesinas, presión de proyectos económicos y disputas por recursos naturales estratégicos, lo que amplía el alcance del problema territorial.
El informe también advierte sobre la posible intensificación de estos conflictos en los próximos años, en un contexto marcado por nuevas normativas relacionadas con la actividad agroindustrial, energética y minera, las cuales podrían influir en la dinámica de uso del suelo en distintas regiones del país.
Otro de los hallazgos relevantes es que más del 80% de los conflictos registrados presentan niveles de alta intensidad, lo que implica la presencia de amenazas, criminalización de actores sociales, intentos de desalojos y afectaciones ambientales en los territorios en disputa.
Ante este panorama, los investigadores consideran que la conflictividad socioterritorial sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del país, al concentrarse en zonas estratégicas para el desarrollo económico, la seguridad ambiental y la estabilidad social.
