Más de 17,000 expedientes laborales permanecen en trámite en la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una carga que mantiene bajo presión al sistema de justicia y evidencia las dificultades para responder al crecimiento de las demandas en el país.
La magistrada Anny Ochoa reconoció que durante 2026 han continuado ingresando nuevos procesos, mientras los juzgados realizan esfuerzos para avanzar con las audiencias y reducir los tiempos de espera.
“Durante todos estos meses del 2026 han ingresado nuevos procesos que resolver, pero la carga en materia laboral supera los 17,000 expedientes”, explicó.
El elevado número de casos no responde únicamente a retrasos dentro de los tribunales. De acuerdo con la magistrada, existe un componente estructural relacionado con los cambios que se producen dentro de la administración pública cada vez que inicia un nuevo gobierno.
Los despidos elevan la presión sobre los tribunales
Ochoa señaló que los despidos en instituciones estatales representan uno de los principales factores que incrementan la cantidad de demandas laborales.
Cada trabajador que considera que su separación fue injustificada puede acudir a los tribunales para reclamar sus derechos, generando nuevos expedientes que deben ser atendidos por los juzgados especializados.
“Cada uno de los procesos de despido que se realizan en las instituciones genera el aumento de las estadísticas en los juzgados”, afirmó la magistrada.
Según su explicación, la situación se repite cuando determinadas instituciones son eliminadas, fusionadas o sometidas a procesos de reestructuración, debido a que los trabajadores afectados recurren a la vía judicial para reclamar indemnizaciones, salarios, prestaciones u otros derechos laborales.
Por ello, la magistrada considera que la mora no debe analizarse únicamente como un problema de funcionamiento del Poder Judicial, sino como consecuencia de decisiones que se originan dentro de la administración pública.
“Cuando hay un cambio de gobierno hay despidos”, sostuvo Ochoa, al señalar que estos procesos terminan aumentando la cantidad de casos que llegan a los tribunales.
Más población, pero la misma capacidad judicial
A esta situación se suma otro desafío: el crecimiento de la población y, con ello, el aumento de los conflictos que requieren una respuesta judicial.
Mientras el número de habitantes y de demandas aumenta, la estructura del Poder Judicial no ha crecido al mismo ritmo.
“La población crece, crece en el número de demandas, pero el Poder Judicial se mantiene reducido”, manifestó Ochoa.
Los datos disponibles reflejan la magnitud del problema. Honduras cuenta con alrededor de 972 jueces y magistrados para una población estimada de 11.18 millones de habitantes.
Esto representa, en promedio, un juez por cada 11,317 personas, una proporción que limita la capacidad de respuesta del sistema, especialmente en áreas donde existe una elevada concentración de expedientes.
La situación laboral constituye uno de los ejemplos más evidentes de esta presión.
Con más de 17,000 procesos pendientes, los tribunales deben distribuir sus recursos entre expedientes nuevos y casos que llevan meses o incluso más tiempo esperando una resolución.
La mora tiene consecuencias para trabajadores y empresas
La acumulación de expedientes no representa únicamente una cifra estadística. Cada proceso pendiente puede significar para un trabajador años de espera para obtener una resolución sobre su situación laboral.
En muchos casos están en juego salarios, prestaciones, indemnizaciones o la posibilidad de recuperar un puesto de trabajo.
Para las empresas y las instituciones demandadas también existe un impacto, debido a que los procesos prolongados mantienen abiertas obligaciones económicas y jurídicas cuya resolución puede tardar.
El retraso en los tribunales, además, puede incrementar los costos asociados a los litigios y dificultar que ambas partes tengan certeza sobre el resultado de una controversia.
Por esa razón, la reducción de la mora laboral se convierte no solo en una necesidad del sistema de justicia, sino también en un elemento importante para brindar mayor seguridad jurídica al mercado laboral.
CSJ plantea necesidad de más jueces
Ante el volumen de expedientes, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia consideran necesario fortalecer la estructura judicial.
La incorporación de más jueces permitiría distribuir de mejor manera los casos y aumentar la capacidad de los tribunales para programar y celebrar audiencias.
Actualmente, los operadores de justicia deben atender simultáneamente los expedientes acumulados y los nuevos procesos que ingresan cada semana.
La magistrada Ochoa reconoció que los juzgados realizan esfuerzos para avanzar en el señalamiento de audiencias y reducir los tiempos de espera, pero advirtió que la cantidad de casos supera la capacidad de la estructura actual.
La solución, por tanto, no dependería únicamente de acelerar los procedimientos existentes, sino también de aumentar los recursos humanos y técnicos disponibles.
Un problema que trasciende al Poder Judicial
La situación expuesta por la magistrada también pone nuevamente sobre la mesa el impacto que tienen los cambios políticos y administrativos en el funcionamiento de la justicia.
Cada transición gubernamental puede provocar movimientos de personal, cierres o transformaciones de instituciones y modificaciones en las estructuras administrativas.
Cuando esos cambios derivan en despidos masivos o controversias sobre la legalidad de las decisiones, una parte de los conflictos termina trasladándose a los tribunales.
Esto genera un efecto acumulativo: mientras los juzgados intentan resolver los expedientes existentes, nuevos procesos ingresan constantemente.
La consecuencia es una mayor mora y una respuesta judicial más lenta.
El desafío de descongestionar los tribunales
Con más de 17,000 expedientes laborales pendientes, la jurisdicción laboral enfrenta uno de sus principales desafíos para 2026.
Las autoridades judiciales consideran que será necesario aumentar la cantidad de jueces y personal, pero también avanzar en mecanismos que permitan resolver los conflictos de manera más rápida y especializada.
La aprobación de procedimientos específicos para materia laboral figura entre las alternativas para mejorar la capacidad de respuesta.
Mientras tanto, los tribunales continuarán enfrentando una presión que no parece disminuir: más demandas, más expedientes y una estructura judicial que todavía resulta insuficiente para atender el volumen de casos que llega cada año.
El problema, según la CSJ, no puede atribuirse exclusivamente a la mora de los juzgados. El crecimiento de los procesos laborales también refleja conflictos estructurales en el Estado y en el mercado laboral hondureño que terminan trasladándose a los tribunales.
