El director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, cuestionó la estrategia utilizada por el Estado de Honduras durante la audiencia celebrada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al considerar que la representación estatal no aprovechó todos los argumentos jurídicos disponibles para sustentar su posición.
Según Hernández, la defensa presentada por el Poder Ejecutivo fue insuficiente y dejó de lado elementos que, a su juicio, pudieron fortalecer el caso, especialmente aquellos relacionados con la protección del sistema democrático y la independencia de los poderes del Estado.
El representante de la ASJ señaló que tanto el Congreso Nacional como el Ministerio Público contaban con fundamentos legales que pudieron incorporarse a la defensa del Estado durante el proceso ante el organismo internacional.
“Lo que estaba en juego era el sistema democrático”
Carlos Hernández manifestó que, más allá de los cuestionamientos sobre el desarrollo del juicio político contra las exconsejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), el aspecto central del caso debía ser la defensa de la institucionalidad democrática del país.
“Aquí se defendió un bien mayor; creo que había un bien mayor que estaba en riesgo, que era nuestro sistema democrático”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene entre sus principales funciones velar por el respeto a la democracia, la independencia de poderes y el Estado de derecho, aspectos que, según dijo, debieron ocupar un lugar prioritario en la argumentación presentada por Honduras.
Considera que aún hay oportunidad de fortalecer la defensa
El director de la ASJ afirmó que el Estado todavía dispone de margen para reforzar su posición jurídica en el marco del sistema interamericano, de cara a las próximas etapas del proceso.
Asimismo, insistió en que la discusión no debe limitarse a aspectos procesales, sino enfocarse en la necesidad de preservar la institucionalidad democrática y garantizar la independencia de los poderes públicos.
Las declaraciones de Hernández surgen luego de la audiencia celebrada ante la CIDH, donde el Estado hondureño defendió su actuación en relación con el proceso contra las exconsejeras del Consejo Nacional Electoral, un caso que continúa generando debate entre diversos sectores políticos y jurídicos del país.
