El general en condición de retiro Luis Alonso Maldonado Galeas consideró que el combate efectivo contra la extorsión requiere mucho más que operativos policiales o la creación de unidades especializadas, y señaló que el éxito de cualquier estrategia dependerá del fortalecimiento de los sistemas de inteligencia del Estado y de una mayor coordinación entre todas las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
El exoficial de las Fuerzas Armadas sostuvo que la extorsión continúa representando uno de los principales desafíos para el país, debido a la capacidad de organización de las estructuras criminales y al impacto que este delito genera sobre la economía, el transporte público, el comercio y miles de familias hondureñas.
En ese sentido, afirmó que el Gobierno debe impulsar una respuesta integral que combine inteligencia, investigación criminal, tecnología y coordinación institucional para debilitar las redes dedicadas a esta actividad ilícita.
Especialización es importante, pero no suficiente
Maldonado Galeas reconoció que la creación y fortalecimiento de unidades especializadas en el combate a la extorsión constituye un paso positivo dentro de la estrategia nacional de seguridad.
No obstante, advirtió que la especialización operativa por sí sola no garantiza resultados permanentes si no está respaldada por un sistema de inteligencia sólido que permita identificar oportunamente a las organizaciones criminales, conocer sus estructuras y anticipar sus movimientos.
“Aquí el Gobierno no debe escatimar ningún esfuerzo. La especialización de las unidades representa un recurso importante, pero por sí sola no es suficiente para enfrentar un fenómeno tan complejo como la extorsión”, manifestó.
A juicio del general retirado, las operaciones policiales deben sustentarse en información precisa que facilite la identificación de los responsables, la ubicación de sus centros de operación y la desarticulación de sus redes de apoyo.
Inteligencia debe ser el eje de la estrategia
El exjerarca militar explicó que el Sistema Nacional de Inteligencia desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado y debe asumir una participación activa dentro de las estrategias orientadas a combatir la extorsión.
En particular, destacó la importancia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), institución que, según señaló, posee la capacidad de generar análisis estratégicos que contribuyan a diseñar operaciones más efectivas y coordinadas.
Consideró que la recopilación, procesamiento y análisis de información permiten anticipar las acciones de las organizaciones criminales y fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad pública.
Fuerzas Armadas pueden aportar capacidades técnicas
Maldonado Galeas también señaló que el sistema de inteligencia de las Fuerzas Armadas dispone de recursos técnicos, experiencia operativa y capacidades de análisis que pueden complementar las acciones desarrolladas por otras instituciones del Estado.
Indicó que la cooperación entre las distintas entidades permitiría aprovechar de mejor manera la información disponible para identificar patrones delictivos y facilitar investigaciones orientadas a combatir las estructuras criminales.
A su criterio, el intercambio permanente de información constituye uno de los elementos más importantes para fortalecer la prevención y reducir la capacidad de operación de los grupos dedicados a la extorsión.
Policía y Ministerio Público deben actuar de forma coordinada
El general retirado enfatizó que la lucha contra este delito también requiere fortalecer las capacidades investigativas de la Policía Nacional y garantizar una participación activa del Ministerio Público durante los procesos de investigación y judicialización.
Explicó que la articulación entre inteligencia, investigación criminal y persecución penal resulta indispensable para lograr capturas sostenibles y obtener condenas contra quienes integran estas organizaciones.
“Cuando todas las instituciones trabajan de manera coordinada, las operaciones tienen mayores posibilidades de éxito y se generan mejores resultados en el combate al crimen organizado”, expresó.
Asimismo, indicó que la Dirección Antiextorsión y Contra el Terrorismo debe recibir el respaldo necesario para ejecutar operaciones con mayor eficacia.
Mayor inversión en recursos y tecnología
Maldonado Galeas consideró que el Estado debe atender las necesidades de las instituciones responsables de la seguridad pública mediante mayores inversiones en personal especializado, equipamiento tecnológico y herramientas de inteligencia.
Según explicó, la evolución de las organizaciones criminales obliga a las autoridades a modernizar permanentemente sus capacidades operativas para responder de manera efectiva a las nuevas modalidades utilizadas por los grupos dedicados a la extorsión.
Entre las prioridades mencionó el fortalecimiento de los sistemas de análisis de información, la incorporación de nuevas tecnologías de investigación y la capacitación continua del personal encargado de enfrentar este tipo de delitos.
Reorganización institucional busca fortalecer el combate a la extorsión
Las declaraciones del general retirado se producen mientras las autoridades desarrollan un proceso de reorganización y fortalecimiento de la Dirección Antiextorsión y Contra el Terrorismo (DAET), iniciativa que forma parte de las nuevas estrategias impulsadas por el Gobierno para enfrentar las redes de extorsión y otras organizaciones vinculadas al crimen organizado.
Diversos sectores coinciden en que la extorsión continúa siendo uno de los principales problemas de seguridad que enfrenta Honduras, debido a su impacto sobre el transporte público, el comercio, las pequeñas empresas y miles de ciudadanos que diariamente son víctimas de amenazas y cobros ilegales.
Para Maldonado Galeas, enfrentar este fenómeno requiere una estrategia sostenida en el tiempo, basada en inteligencia, cooperación interinstitucional y fortalecimiento permanente de las capacidades del Estado, con el objetivo de reducir la incidencia del delito y brindar mayores condiciones de seguridad a la población hondureña.
