La masacre de 20 personas registrada el pasado 21 de mayo en la comunidad de Rigores, municipio de Trujillo, puso al descubierto una violenta lucha por el control de plantaciones de palma africana en el departamento de Colón, una actividad que, según las autoridades, se ha convertido en una nueva fuente de ingresos para estructuras criminales que operan en la región.
Las investigaciones apuntan a que el múltiple asesinato fue consecuencia de una guerra entre grupos dedicados a la explotación ilegal de fincas de palma africana, un cultivo considerado uno de los principales motores económicos del litoral atlántico hondureño debido a su alta rentabilidad en la producción de aceite vegetal y otros derivados industriales.
El “Oro Verde” en la mira del crimen organizado
Durante años, la palma africana ha representado una importante fuente de empleo e inversión en departamentos como Colón, Atlántida, Yoro y Cortés. Sin embargo, la creciente ocupación irregular de tierras y la presencia de organizaciones criminales han transformado varias zonas productoras en escenarios de conflicto permanente.
Autoridades de seguridad sostienen que grupos armados han encontrado en la explotación ilegal del fruto una actividad lucrativa que les permite generar recursos económicos y fortalecer su control territorial. Esta situación ha provocado enfrentamientos, amenazas y hechos violentos en diferentes sectores del Bajo Aguán.
El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, explicó que la masacre de Rigores fue producto de una disputa entre dos estructuras criminales enfrentadas por el dominio de plantaciones ocupadas ilegalmente.
“Las investigaciones establecen que este hecho está relacionado con conflictos entre grupos que se dedican a explotar de manera ilícita plantaciones de palma africana. La masacre sería una represalia derivada de hechos violentos ocurridos previamente entre ambas organizaciones”, señaló el funcionario.
Una venganza que terminó en tragedia
Las autoridades identifican a Carlos Alexis Molina Mencía, alias “Gato Negro”, como uno de los principales responsables de la matanza. Según las pesquisas, el ataque habría sido motivado por una cadena de venganzas entre estructuras rivales que operan en la zona.
Meses antes de la masacre, la compañera de hogar de Molina Mencía, Ruth Nohemy Monroy, de 17 años, fue asesinada y posteriormente encontrada calcinada en una vivienda ubicada en el sector de Panamá, Colón.
Los investigadores consideran que ese crimen desencadenó una serie de retaliaciones que culminaron con la matanza ocurrida en Rigores, considerada una de las más sangrientas registradas en Honduras durante los últimos años.
Por este caso, las autoridades han realizado varias capturas, entre ellas la de Williams Noé Reyes Izaguirre, acusado de los delitos de asesinato y asociación para delinquir. Mientras tanto, continúan las operaciones para localizar a otros implicados que habrían participado directamente en el ataque.
El ataque que estremeció a Honduras
De acuerdo con el expediente policial, la mañana del 21 de mayo un grupo de trabajadores agrícolas se encontraba reunido en la iglesia evangélica “Tierra Prometida” para realizar una jornada de oración antes de iniciar sus labores en una plantación de palma africana.
En ese momento, al menos seis hombres armados, que se movilizaban en motocicletas y portaban chalecos antibalas, irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra los presentes.
El ataque dejó 16 personas fallecidas de manera inmediata dentro del templo. Posteriormente, los agresores abandonaron la escena, pero durante su huida interceptaron a otros cuatro trabajadores que se dirigían a sus labores en una plantación cercana.
Los jornaleros fueron asesinados en el acto, elevando a 20 el número total de víctimas de la masacre.
Víctimas ajenas al conflicto criminal
Aunque la disputa se originó entre estructuras vinculadas a actividades ilícitas, las autoridades reconocen que gran parte de las personas asesinadas eran trabajadores agrícolas que realizaban labores cotidianas y quedaron atrapados en medio de un conflicto que no les pertenecía.
Funcionarios de seguridad califican a muchas de las víctimas como daños colaterales de una confrontación entre grupos criminales que buscan controlar territorios productivos y obtener ganancias mediante la explotación ilegal de la palma africana.
La tragedia provocó consternación nacional y volvió a encender las alarmas sobre la creciente presencia de organizaciones armadas en sectores rurales del departamento de Colón.
Zonas bajo influencia criminal
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, manifestó que las investigaciones han permitido identificar una nueva modalidad delictiva relacionada con la apropiación ilegal de plantaciones agrícolas.
Según explicó, las disputas ya no giran únicamente alrededor del narcotráfico o el tráfico de armas, sino también sobre actividades económicas que generan importantes ingresos, como la producción y comercialización de la palma africana.
El alto oficial señaló que varias comunidades del Bajo Aguán permanecieron durante años con escasa presencia estatal, situación que fue aprovechada por grupos criminales para consolidar estructuras de poder local y ejercer control sobre extensas áreas productivas.
Ante este panorama, las autoridades anunciaron que mantendrán operativos permanentes en la región con el objetivo de recuperar espacios dominados por organizaciones delictivas y evitar nuevos hechos de violencia.
Un problema que amenaza al principal productor de palma
Colón concentra más de la mitad de la producción nacional de palma africana y es considerado el corazón de esta industria en Honduras. No obstante, la expansión de conflictos relacionados con la tenencia de tierras y la explotación ilegal del cultivo amenaza la estabilidad de una actividad que genera miles de empleos directos e indirectos.
Expertos consideran que, además de fortalecer la presencia policial, es necesario resolver los conflictos agrarios históricos y garantizar seguridad jurídica sobre las tierras productivas para evitar que continúen siendo utilizadas por grupos criminales.
Mientras avanzan las investigaciones por la masacre de Rigores, las autoridades aseguran que seguirán tras la pista de todos los responsables para llevarlos ante la justicia y evitar que una nueva disputa por el denominado “Oro Verde” vuelva a teñir de sangre el departamento de Colón.
