En medio de los constantes apagones y racionamientos de energía que afectan a miles de hondureños en distintas regiones del país, al menos 118 megavatios de generación eléctrica permanecen sin entrar en operación debido a incumplimientos vinculados al proyecto San Marcos Wind Energy, pese a que su adenda fue aprobada hace más de tres años.
El proyecto forma parte del paquete de 18 adendas a contratos energéticos aprobados por el Congreso Nacional bajo el argumento de generar ahorros cercanos a los 30 mil millones de lempiras para el Estado. Sin embargo, sectores ligados a la industria energética cuestionan que varios compromisos asumidos en esos acuerdos aún no se reflejan en beneficios concretos para el sistema eléctrico nacional.
Entre los señalamientos destaca que San Marcos Wind Energy no ha iniciado las obras de expansión del Sistema Interconectado Nacional (SIN), específicamente la línea de transmisión de 230 kilovoltios entre El Bijagual y El Zamorano, considerada estratégica para transportar energía renovable desde la zona sur hacia los principales centros de consumo del país.
Expertos sostienen que esta infraestructura permitiría disminuir la congestión en la red eléctrica, reducir la dependencia de generación térmica más costosa y fortalecer la estabilidad energética ante sequías, aumento en la demanda y déficit de potencia.
Asimismo, dentro del sector energético existe preocupación por posibles cambios en la titularidad o reestructuración del proyecto, por lo que solicitan a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y la Secretaría de Energía aclarar públicamente si la empresa mantiene vigentes sus garantías y si cuenta con capacidad financiera y técnica para ejecutar el proyecto.
La renegociación de contratos energéticos fue presentada por el Gobierno como una medida de interés público destinada a reducir costos y mejorar las finanzas de la estatal eléctrica. El Decreto 46-2022 autorizó la revisión de contratos térmicos, solares, hidroeléctricos y eólicos, incluyendo la posibilidad de cancelar acuerdos o adquirir proyectos si no cumplían las nuevas condiciones establecidas.
No obstante, dirigentes sindicales de la ENEE y actores del sector eléctrico aseguran que hasta ahora no existe una matriz pública que detalle el nivel de cumplimiento de las 18 adendas aprobadas por el Congreso Nacional, especialmente en aspectos relacionados con inversiones, transmisión, garantías y fechas de operación comercial.
También cuestionan si las autoridades regulatorias han evaluado el impacto que los retrasos de estos proyectos podrían tener sobre el sistema eléctrico nacional, en momentos en que las interrupciones de energía se intensifican en diferentes zonas del país.
El caso de San Marcos Wind Energy genera especial preocupación debido a que contempla una capacidad instalada de 118 megavatios y una fecha programada de operación comercial para noviembre de 2026, aunque hasta el momento no se conocen avances oficiales sobre sus obras de interconexión y transmisión.
Ante este panorama, diversos sectores piden a la ENEE, CREE, Secretaría de Energía y demás instituciones vinculadas publicar informes técnicos y financieros que permitan conocer el estado real de los proyectos renegociados y determinar si los ahorros anunciados por las adendas realmente se están materializando.
